(Rober Solsona – Europa Press/)
El Gobierno ha puntualizado el anuncio de la vicepresidenta segunda y líder del grupo Sumar en el Congreso, Yolanda Díaz, después de asegurar que había cerrado un acuerdo con el PSOE para “derogar” la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. La reforma de esta polémica norma impulsada por Mariano Rajoy en 2015 es una de las principales cuentas pendientes de las fuerzas de izquierdas, que en la pasada legislatura fracasaron en su intento de acometer una modificación por la falta de acuerdo entre el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han reducido este acuerdo a una revisión de los delitos de injurias y calumnias, que estará incluido en el paquete de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará este miércoles en el Congreso. También se han abierto a retocar el artículo 36 de la ‘ley mordaza’ para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones.
El anuncio de Díaz había sumido en la confusión a los grupos parlamentarios. El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha aclarado en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta se limitaba a la reforma para que deje de ser infracción hacer o difundir fotos de manifestaciones o policías.
En una rueda de prensa en el Congreso, el también diputado de IU ha explicado que, al margen del consenso global sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron en el Congreso en la anterior legislatura, el acuerdo relativo a esta norma consiste en la modificación del artículo 36 de esa norma aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.
En concreto, la redacción que proponen los dos grupos que integran el Gobierno de coalición, establece que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión” y que “la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible”.
De hecho, esa es exactamente la misma redacción que se incluyó en el informe de la ponencia parlamentaria relativo a la reforma de la ley mordaza que se aprobó en la anterior legislatura pero que finalmente no salió adelante en la Comisión de Interior por falta da apoyos.
(Noticia en ampliación…)
