El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a reprender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su política de nombramientos y anula la designación de la fiscal que sustituyó a Dolores Delgado en la Fiscalía Togada del Supremo al entender que ejecutó de forma incorrecta la sentencia de noviembre de 2023 que anuló por “desviación de poder” la designación de la exministra en dicho cargo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Europa Press dan por hecho que el Consejo de Ministros tendrá que anular el nombramiento de Isabel Rodríguez, que tomó posesión el pasado junio. Así las cosas, adelantan que el fiscal general volverá a proponer a la fiscal conocida por llevar el ‘caso de La Manada’ en el Supremo para su designación en el cargo.
Los magistrados han anulado la nominación que hizo García Ortiz porque entienden que no siguió las pautas que fijó el tribunal. El Supremo ordenó retroceder el procedimiento de nombramiento al momento anterior a la propuesta al Consejo de Ministros y afea que el fiscal general se fuese a un momento anterior a lo ordenado: a la convocatoria del Consejo Fiscal.
El alto tribunal se ha pronunciado así en respuesta al escrito que presentó el fiscal Luis Rueda –aspirante al cargo de fiscal de Sala de la Fiscalía Togada– para que se revisara la forma en la que García Ortiz había dado cumplimiento a la sentencia del Supremo. La Abogacía del Estado, sin embargo, defendió la actuación del fiscal general al entender que su decisión no contradice la sentencia.
El Supremo considera que la retroacción que hizo a García Ortiz “más allá de lo acordado por la sentencia no es inocua”. “Implica que el Consejo Fiscal examine y valore de nuevo todas las candidaturas, lo que podría tener influencia –aunque no sea vinculante– en la propuesta que finalmente eleve el fiscal general del Estado al Consejo de Ministros”, ha concluido el tribunal.
Los magistrados no entran a valorar “la finalidad buscada por el fiscal general”, pero sostienen que “la misma jurisprudencia viene afirmando que, cuando el acto que objetivamente resulte incompatible con el fallo de la sentencia carece de motivación que explique o justifique dicha contradicción, se presume la intención de eludir su cumplimiento”.
“ESTUPOR EN LA FISCALÍA”
Las fuentes fiscales consultadas señalan que en la Fiscalía General han recibido la noticia con “estupor” porque entienden que supone un “claro ninguneo de las funciones del Consejo Fiscal”. Según señalan, la resolución del Supremo da a entender que García Ortiz tenía que haber presentado su propuesta sin escuchar al órgano consultivo.
Las mismas fuentes subrayan que García Ortiz entendió que había que devolver las actuaciones al momento anterior al Consejo Fiscal porque las circunstancias con respecto al primer nombramiento habían cambiado: Delgado había pasado a la Fiscalía de Memoria Democrática y alguno de los candidatos se había jubilado.
