Segundo Villalobos Guevara, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma Alvarado, fue arrestado este martes y llevado a la Comisaría de Tarapoto, en la región de San Martín, según informó el medio regional Vía Televisión.
Villalobos Guevara, quien permanecerá detenido de manera preliminar por siete días en la dependencia policial, es considerado el principal sospechoso de haber planeado el homicidio ocurrido el 29 de noviembre del año pasado contra el reconocido defensor ambiental y de derechos humanos, quien luchó por años contra la tala y explotación ilegal de los bosques de su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el valle del Chipurana en el distrito de Huimbayoc, San Martín.
Cabe recordar que uno de los testimonios más relevantes en esta investigación proviene de Genix Saboya Saboya, quien, el 12 de febrero, confesó su participación en el crimen a la Tercera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada. Así lo reveló el portal El Foco en un informe, precisando que Saboya Saboya recibió 1.000 soles de Villalobos Guevara para ejecutar el asesinato de Inuma Alvarado.
Denunció amenazas por 6 años
El líder indígena kichwa Quinto Inuma fue asesinado a pesar de haber denunciado amenazas durante seis años. Él regresaba a su comunidad en Huimbayoc junto a su familia, después de participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa (Ucayali), cuando individuos armados atacaron el bote en el que se transportaba.
El Apu había sido reconocido como defensor de derechos humanos por el Ministerio de Justicia, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos para obtener protección debido a su firme lucha contra la tala ilegal y el cultivo de coca en las tierras comunales de Santa Rosillo.
Sin embargo, las amenazas contra él y su familia se intensificaron, obligándolo a pasar un tiempo en Tarapoto para resguardar su seguridad. Aunque realizó constantes pedidos ante diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentablemente no logró obtener una protección efectiva.
Posteriormente, tras darse a conocer su muerte, la CIDH y la Relatoría Especial de la ONU solicitaron al Gobierno la protección de la comunidad indígena kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu.
Ambos organismos internacionales argumentaron que la falta de acción del Estado podría haber violado diversas leyes internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la CIDH concedió medidas cautelares a las familias de la comunidad ante el riesgo del avance de las economías ilegales, particularmente la tala ilegal, que entre enero de 2020 y enero de 2021, causó la deforestación de 139 mil 19 hectáreas de sus bosques, según un informe del Gobierno Regional de San Martín.
35 líderes indígenas asesinados
Según registros oficiales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), desde 2013 a 2024 se ha registrado el asesinato de 38 defensores ambientales debido al avance de las economías ilegales en la Amazonía peruana, de los cuales 35 eran líderes indígenas.
Además, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) ha registrado 40 casos de personas de comunidades nativas que actualmente enfrentan amenazas o han sido asesinadas a partir del mismo periodo.
