Pese batalla legal de 11 años, una madre de familia sigue buscando justicia para su hija, quien fue víctima de tocamientos indebidos en el año 2013 por quien en ese entonces era el director del colegio Teodosio Franco García, en Ica: el mayor de la Policía Nacional del Perú, Juan Carlos Escate Ayala.
Según la acusación, Escate Ayala habría tocado y besado a la fuerza a la estudiante en la oficina de la dirección de la institución educativa. Este fue el motivo por el que el entonces director del colegio fue sentenciado en 2015 a cinco años de prisión por haber acosado a la menor de edad. Sin embargo, el mayor de la PNP no acudió a la lectura de su sentencia e incluso fue prófugo de la justicia, según se reportó en la prensa local de aquel entonces.
Sin embargo, pese a la condena en primera instancia, la defensa del mayor Escate presentó en 2016 una medida de casación a favor del acusado, por lo que la condena inicial fue anulada. El argumento que se utilizó fue el presunto impedimento a presentar tres testigos que supuestamente declararían a favor del acusado.
Esto fue suficiente para que Escate Ayala siga en libertad luego de 11 años, tiempo en el cual siguió formando parte de la Policía Nacional del Perú, pues no fue investigado ni sancionado por la institución policial y su pase a retiro se produjo recién en enero del año 2024. La resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano aparece firmada por el ahora ex ministro del Interior, Víctor Falcón.
Madre de la víctima investigó a miembros de la PNP
Infobae Perú revisó documentos de entre los años 2013 y 2016, y pudo conocer que la madre, Liliana Morón Mata, llegó a presentar una denuncia por corrupción contra el coronel PNP Duilio Roque Demartini Herrera, quien ejercía el cargo de máxima autoridad al interior de la oficina de disciplina en la región Ica.
La investigación, iniciada en 2013 por la madre de la víctima, fue motivada debido a que Demartini Herrera no sancionó al mayor PNP Escate Ayala cuando este fue acusado por tocamientos indebidos. Como resultado, se conoció que Demartini habría utilizado indebidamente un vehículo y combustible destinados para uso oficial de la PNP, para su desplazamiento personal.
Documentos del Congreso de la República del año 2016 -año en el que se anuló la sentencia contra Escate en primera instancia- también registran que Morón Mata también acudió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para denunciar a los representantes del Ministerio Público en Ica por presuntas “inconductas funcionales” que podrían estar vinculadas al caso de tocamientos contra su hija menor de edad.
Además, también denunció ese mismo año presuntos “actos de paralización y conducta arbitraria” del fiscal provincial titular del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Renzo Manuel Medina Chávez.
Pese a los esfuerzos de la señora Morón Mata por encontrar justicia para su hija, en 2016 la Primera Sala Permanente del Tribunal de Disciplina Policial declaró nula la sanción contra el mayor PNP Escate Ayala por una falta identificada como ‘Muy Grave’ (que podía llevar a un pase a retiro) para reemplazarla con una sancion propia de una falta ‘Leve’ por “actuar con negligencia en el ejercicio de la función”. Solo le dieron “seis días de sanción simple”.
Caso de acoso llegó al Tribunal Constitucional
La madre, Liliana Morón Mata, continuó con la batalla legal contra el ex mayor de la PNP durante los años siguientes a su primera sentencia condenatoria y logró que durante los años 2019 y 2020, Juan Carlos Escate Ayala efectivamente sea condenado a los cinco años de prisión correspondientes a la condena original emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ica.
Sin embargo, el caso fue llevado al Tribunal Constitucional por la defensa del ex mayor de la PNP, que buscaba anular las sentencias emitidas en otras instancias. El recurso de habeas corpus fue presentado contra los integrantes del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ica y la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica por presunta “vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.”
Sin embargo, en septiembre del 2023, el recurso fue declarado improcedente por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Luis Gutavo Gutiérrez Ticse, Francisdo Humberto Morales Saravia y Helder Domínguez Haro.
Pese a que la sentencia fue reafirmada, Morón Mata asegura que el ex mayor de la PNP continua en libertad, por lo que pide que se haga justicia para su hija y se capture al sentenciado por tocamientos indebidos.
