Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el Partido Popular han intentado este lunes sin éxito que el Pleno realizase una defensa de “la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del poder Ejecutivo”, en alusión a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, al Tribunal Supremo a cuenta de la ley de amnistía.
Fuentes consultadas por Europa Press explican que este punto no se ha incluido finalmente en el orden del día. El Pleno sí ha acordado aprobar 112 acuerdos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, y que no podían esperar siquiera a la designación del nuevo presidente del órgano de los jueces.
El escrito, que no ha salido adelante, señala que, desde la constitución del nuevo CGPJ el pasado 25 de julio, “se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno” que los 10 vocales firmantes consideran “exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las criticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto”.
Los vocales José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal critican que se afirme que el Tribunal Supremo “se extralimita al interpretar una ley”, en alusión a la amnistía.
“Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal”, aseguró Puente en una entrevista en RNE.
CONTRA LA SEPARACIÓN DE PODERES
Los firmantes recuerdan que “esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales”. Además, lamentan que le atribuyan “una actuación que ‘no hay por dónde cogerla'” y anuncien que “la interpretación realizada no prevalecerá sino que ‘lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley’ a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.
Éstas, “junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos”, según el escrito.
“Con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia. No hay democracia ni Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024”, apunta.
El escrito proponía que el Pleno mostrase “su más firme rechazo a las referidas manifestaciones”, realizando “un nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general”, y solicitando “a los responsables que cesen sus manifestaciones en términos similares” a los referidos.
