En el Congreso, el Gobierno nacional presentó su propuesta de presupuesto para 2025, un documento que revela un planteamiento financiero complejo y con desafíos, según la senadora Angélica Lozano.
El presupuesto proyecta ingresos y egresos que totalizan 523 billones de pesos, de los cuales el 62% se destina a gastos de funcionamiento, el 21% al pago de la deuda y solo el 16% a la inversión.
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En un video compartido en redes sociales, Lozano asegura que los ingresos proyectados por el Gobierno, de acuerdo con la propuesta, alcanzan los 315 billones de pesos. El rubro más importante dentro de estos ingresos son los impuestos, que comprenden el impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto del 4×1.000, entre otros.
Sin embargo, existen discrepancias importantes en las cifras presentadas. En junio, el Gobierno indicó que esperaban recaudar 258 billones de pesos en impuestos, lo que significa que entre junio y julio hubo un aumento estimado de 58 billones, sin ninguna justificación clara para este elevado salto.
“Por el lado azul están los gastos en que se van los 523 billones que proyecta el Gobierno, el 62% en funcionamiento la rama más gruesa que equivale a 327 billones de pesos, luego sigue la deuda el pago de los intereses de lo que nos han prestado en el pasado que asciende a 21% (…) el faltante es mucho mayor fijémonos en los impuestos que es el rubro más grueso de ingresos de la Nación. El Gobierno plantea que recaudará 315 billones de pesos, pero hay una gran contradicción porque el mismo Gobierno en junio 15 al presentar el marco fiscal dijo que se recaudaría 258 billones de pesos no hubo ningún milagro para que en un mes de junio a julio se aumentará 58 billones de pesos quiere decir que nuestro problema como Estado es mucho mayor otro problema en las cuentas alegres que está haciendo el Gobierno”, aseguró Lozano.
Entre otros ingresos importantes también se encuentran los rendimientos financieros, los créditos tanto nacionales como internacionales, y las transferencias corrientes. Adicionalmente, según la senadora, el Gobierno da por sentado que el Congreso aprobará una nueva Ley de Financiamiento que aporte 12 billones de pesos adicionales, lo cual es problemático dado que aún no se conoce el contenido de dicha propuesta y no parece haber consenso para aprobar nuevos impuestos.
En cuanto a los gastos, la mayor parte se destina al funcionamiento del Estado, unos 327 billones de pesos. El pago de la deuda, que incluye créditos adquiridos durante la pandemia, representa el 21% del presupuesto. La inversión obtiene una modesta porción del 16%, lo cual ha sido motivo de críticas, dado que áreas clave para la reactivación económica, como Agricultura y Vivienda, enfrentan recortes de 45% y 11% respectivamente.
Según Lozano, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha afirmado en varias ocasiones que el presupuesto es en gran medida inflexible, con un porcentaje que varía entre el 85% y el 92%, lo que deja un margen operativo muy estrecho. Esta rigidez se debe a que gran parte del presupuesto está comprometido en gastos que no pueden disminuirse, tales como sueldos, pensiones y los intereses de la deuda.
Además, destaca que Ecopetrol, una de las fuentes de ingresos esperadas, ha visto una disminución del 24% en sus utilidades comparado con el año anterior (2023), lo que pone en duda la proyección optimista del Gobierno sobre las ganancias que se espera percibir de esta empresa.
Lozano añade que el presupuesto incluye transferencias importantes para municipios y departamentos, que se destinan a servicios esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Para las pensiones se asignan 59 billones de pesos, y para el sistema de salud, una cifra similar.
Con todos estos datos, de acuerdo con la congresista, queda claro que Colombia enfrenta un reto significativo para mantener un balance entre ingresos y gastos, evitando un déficit mayor, ya que el Gobierno reconoce un hueco financiero de 12 billones de pesos. Este déficit, no obstante, parece ser subestimado y podría ser considerablemente mayor debido a las expectativas de ingresos poco realistas.
Por lo anterior, la responsabilidad del Congreso en este contexto es crucial, ya que aprobar un presupuesto basado en cifras infladas podría llevar a recortes dolorosos en el futuro, afectando áreas esenciales para el desarrollo y bienestar del país.
