El dueño histórico de una fábrica de ladrillos tipo ticholo, un hombre de 76 años, llegó enojado al negocio una tarde de septiembre de 2023. Estaba molesto con sus dos socios, de 42 y 30 años, porque tenía una visión distinta en la repartición de las ganancias. Tras una discusión, el hombre disparó: uno de sus compañeros murió en el lugar, y el otro quedó herido y moriría al poco rato. La fábrica estaba ubicada en Empalme Olmos (Canelones, Uruguay).
Tras haber sido baleado, el hombre llamó al 911 pidiendo auxilio. “Por favor, vengan a la fábrica de ticholos. Hay dos personas heridas”, dijo uno de los agredidos, según la Fiscalía de Pando (Canelones). El hombre que atendió el teléfono preguntó dónde quedaba la fábrica de ticholos y la respuesta fue: “Por favor vengan. Apuren, apuren que me va a matar”. Luego se escucharon dos disparos y la conversación terminó.
En la fábrica había estacionado un viejo ómnibus que funciona como oficina y donde, al momento de la discusión, había dos millones de pesos uruguayos (unos USD 52.400). Una filmación muestra al empresario saliendo del ómnibus para cargar el arma y volver a entrar a matar al hombre que ya estaba herido.
Cuando los policías llegaron a la fábrica se encontraron con los dos dueños de la firma muertos y vieron que el empresario estaba en una situación sospechosa frente al portón principal del predio. El hombre les dijo a los funcionarios que había tenido una fuerte discusión con sus socios y que por eso les había disparado.
El empresario fue imputado en septiembre de 2023 y enviado a prisión domiciliaria. La fiscal que investiga el caso, Silvia Blanc, pidió la pena máxima para el acusado, que son 30 años de cárcel. El próximo paso es la respuesta de la defensa ante el pedido de la fiscal, luego se hará el control de acusación y finalmente comenzará el juicio.
El padre de una de las víctimas, Antonio Bruzzone, destacó como una “señal importante” el pedido de la fiscal. “Atiende a la gravedad del delito, por eso es que pide la pena máximo. Es un doble homicidio, premeditado, planeado con suficiente antelación para, mediante el asesinato de sus socios, impedir que la sociedad siguiera funcionando”, declaró al programa Subrayado de Canal 10.
“La otra señal fuerte que veo en la acusación fiscal es que ella insiste en que la pena se cumpla efectivamente en la cárcel y ofrece pruebas”, sostuvo. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación –a cargo de las cárceles en el país–, Luis Mendoza, y una médica técnica declararon que las patologías que tiene el acusado “no ameritan que siga en prisión domiciliaria”.
“Es inexplicable en razón de la gravedad del delito que cometió”, señaló.
Bruzzone contó que el acusado ha salido varias veces de su casa para ir a la mutualista en busca de un “cáncer salvador”: “Primero dijo que tenía cáncer de colon, que después no fue. Hasta ahora la fiscal no ha podido lograr que la Justicia determine la prisión efectiva. Esperemos que ahora, cuando surja una condena firme, vaya a la cárcel a cumplirla”, señaló.
Las diferencias entre los socios comenzaron hace cerca de un año, cuando los más jóvenes dejaron de darle las ganancias al histórico dueño. Se estima que el monto de la deuda al ahora imputado rondaba los USD 80 mil.
El abogado del imputado, Fernando Pereira, declaró en septiembre al noticiero Telenoche que ya hubo otras agresiones en el pasado e instancias judiciales. “Lo que sabemos es que es un hecho de larga data. Lo amenazaban, lo empujaban. Esto venía de mucho tiempo, incluso con instancias conciliatorias en materia civil”, contó el defensor. Detalló que hacía un año y nueve meses no le estaban liquidando lo que le correspondía.
