Caracas, 31 ago (EFE).- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado irregularidades en el traslado de detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio, desde los calabozos policiales hasta centros penitenciarios del centro de Venezuela.
“Observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales”, señaló el OVP en nota de prensa.
Agregó que son “muchos los familiares” que han viajado a kilómetros de distancia y “en ninguno de los penales hay una lista de trasladados”.
“No hay quien les de información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visita y bajo qué condiciones serán”, sostuvo.
El OVP señaló que más de 700 presos han sido trasladados a dos cárceles de máxima seguridad, conocidas como Tocuyito y Tocorón, ubicados en los estados Carabobo y Aragua, respectivamente, en el centro del país.
“Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas (…) se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza”, dijo.
Igualmente, indicó que los detenidos tampoco han sido evaluados física ni psicológicamente, “aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad”.
“En este punto es importante destacar que la detención arbitraria tiene un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que puedan durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y depresión”, apostilló.
El pasado 1 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó encerrar en dos cárceles de máxima seguridad a los detenidos que dejaron las protestas en contra del resultado oficial de las presidenciales, que lo ratificó como ganador, lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
