El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha desestimado la querella presentada por nueve personas contra el influencer Amadeo Llados, al que acusaban de prometer la posibilidad de convertirse en millonario, por no haber cuantificado “la cuantía” del supuesto fraude al que se habrían visto expuestos.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 asegura que de la querella no se desprende que se haya “producido una afectación a la economía nacional”, señalando además que los pagos aportados a Llados –por importes de 50 euros, 600 y 1.800 euros– son cifras “muy lejanas” de los 7 millones de euros, el límite marcado por la ley para que la Audiencia Nacional conozca de estos delitos.
Los nueve denunciantes aseguraban en su escrito que Llados, un conocido influencer, es el propietario del portal de internet ‘Salatu1millon’ en el que ofrece cursos en los que supuestamente engaña a sus clientes haciéndoles creer que la mera contratación de los mismos los llevará a hacerse ricos. “Cuando evidentemente no es cierto y mientras él se lucra con el cobro de enormes cantidades de dinero”, sostienen.
“ALTAMNENTE MUSCULADO”
Para engañar a sus víctimas, según la querella, el influencer muestra una imagen de persona rica y exitosa, “altamente musculado, con múltiples productos de lujo como casas, coches, yates o relojes y acompañado de numerosas mujeres con la promesa de que si contratas su curso algún día llegarás a ser como él”.
Además, insisten las presuntas víctimas, Llados hace creer a sus clientes que van a obtener un título legítimo lo cual, dicen, no es cierto porque no tiene competencias para ello.
Los perjudicados también denuncian que los pagos que exige Llados cada vez van a más y advierten de que manipula a sus clientes para que cada vez le abonen mayores cantidades de dinero, hasta 10.000 euros, “mediante lo que se pueden denominar coacciones veladas”.
Por último, aseguran que una vez formas parte de su red de clientes, él mismo te ofrece una forma de obtener comisiones o descuentos en nuevas suscripciones con la promoción de sus productos en las redes sociales, todo ello con el objetivo de llegar a más gente.
El juez Calama, sin embargo, señala que los hechos que la querella califica como delitos de odio y de asociación ilícita se sitúan “claramente” fuera del ámbito de competencia objetiva de la Audiencia Nacional, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto al delito de estafa, el magistrado también recuerda que para que el tribunal asuma la investigación el fraude debe afectar a una generalidad de personas. La querella, sin embargo, está presentada por nueve personas, una cifra “que se muestra insuficiente para justificar por sí mismo la competencia de este Juzgado Central de Instrucción”.
