En medio del tratamiento pendiente en el Senado de la Nación de la Boleta Única Papel, cuyo debate se postergó hasta la semana próxima, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) defendió este instrumento a la hora votar por “igualar las posibilidades de toda la oferta electoral” y “generar un piso de equidad entre todos los partidos políticos”. Es lo que se conoce en las Ciencias Políticas como “nivelar la cancha” para evitar ventajas de los oficialismos o en función de los recursos económicos de los que disponen los partidos grandes.
Pero además, según señaló Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, “la Boleta Única Papel contribuye a reducir la crisis de representatividad que sufre hoy la política”. La directora ejecutiva de CIPPEC la calificó como “un instrumento más fiel para traducir la elección de los candidatos por parte de la ciudadanía”. Lo hizo en una presentación realizada ayer ante un grupo de periodistas en la sede de la ONG, ubicada en diagonal al Congreso de la Nación, mientras en el Senado se negociaba la fecha de la próxima sesión para tratar la BUP.
Magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad de San Martín y Universidad de Georgetown (EEUU), Díaz Langou recordó que “mientras en el mundo la confianza de la sociedad en el Estado es del 47%, en Argentina ese porcentaje es de apenas el 17%”. En ese sentido, destacó la importancia de “generar políticas consensuadas que trasciendan los gobiernos en materia electoral” y resaltó “la oportunidad que existe actualmente de que finalmente el Congreso apruebe la BUP, a través de consensos entre distintas fuerzas”, de cara a las elecciones del año próximo. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados desde 2022 y, en febrero próximo, perdería estado parlamentario si no se aprueba antes en la Cámara alta.
Según los tiempos que barajan en la Dirección Nacional Electoral (DINE), si el proyecto se convierte en ley este mes – antes, el texto modificado por el Senado debería volver a Diputados – se estaría a tiempo para su reglamentación y la organización de las licitaciones para usar el nuevo sistema electoral en las elecciones legislativas nacionales de 2025.
Carolina Tchintian, investigadora principal de CIPPEC – un think tank especializado en el análisis de políticas públicas -, fue la encargada de explayarse sobre las ventajas de la BUP por sobre las boletas partidarias, cuya impresión recae hoy en los propios partidos, que reciben fondos del Estado para su impresión.
Doctora en Ciencia Política de la Rice University (EEUU), magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Tchintian resaltó que la impresión de las boletas partidarias tradicionales recae en los propios partidos políticos, más allá de recibir fondos del Estado para su confección. En cambio, con la BUP “los partidos políticos no dependen de su capacidad logística para distribuir y custodiar las boletas partidarios en los centros de votación”, y “pueden volcar sus esfuerzos en la fiscalización del comicio”.
La experta resaltó, además, que la BUP “facilita la emisión del sufragio” y “pone en el centro del acto de votación al ciudadano”, ya que amplía su poder de decisión. “Es una experiencia que mejora el derecho a elegir de la ciudadanía y de ser elegido”, señaló.
Según la observación electoral que hizo CIPPEC en los comicios del año pasado en la provincia de Mendoza – una de las tres provincias donde hoy existe este mecanismo, junto a Córdoba y Santa Fe -, el tiempo de votación fue muy breve. “Los votantes tardaban muy poco en elegir sus opciones con la BUP, incluso en los casos de voto cruzados entre distintos partidos”, señaló.
En otro relevamiento realizado en Santa Fe en las elecciones de 2015, surgió que un 94,5% de los votantes encontró “fácil o muy fácil” usar la BUP, y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.
Entre otras ventajas de este sistema electoral que incluye la oferta en una única papeleta, Tchintian mencionó que “las agrupaciones no se ven constreñidas a su alcance territorial” ya que tanto la impresión como la distribución de la boleta oficializada queda en manos del Poder Ejecutivo nacional, a cargo de las contrataciones necesarias para llevarlas a cabo. “Les saca la responsabilidad de la logística a los partidos, que es enorme y muy difícil para los partidos chicos”.
También destacó que le “quita incentivos” a la creación de partidos que terminan funcionando como sellos de gomas para cobrar los fondos del Estado para la impresión de boletas, pese a tener casi nula representación electoral o haber obtenido muy pocos votos.
Contra lo que pudiera creerse, la cientista política opinó que la BUP “no le quita protagonismo a los partidos políticos, ni los debilita”, ya que “siguen estando a cargo de la elección de candidatos y la confección de las listas”.
Desde CIPPEC, también relativizaron el argumento de los que critican la Boleta Única – básicamente el peronismo – de que promueve la fragmentación parlamentaria al alentar el voto de candidatos, más allá de su pertenencia partidaria. En la ONG consideran que si bien la BUP “facilita” el corte de boleta (al permitir elegir a candidatos de distintos partidos para diferentes cargos), “no motiva el corte”. La diferencia – destacan – es que “el votante tiene mayor grado de libertad a la hora de elegir”.
En la práctica, la BUP también reduce la injerencia de los punteros políticos a la hora de llevar a gente a votar, previa entrega de la boleta partidaria respectiva.
Si bien la reducción de costos no es una variable que para CIPPEC debiera ser determinante a la hora de elegir un método de votación, la menor cantidad de impresiones de la BUP frente a la multiplicidad de boletas partidarias es otro motivo que esgrimen quienes defienden este sistema, sumado al argumento ecológico por el menor requerimiento de papel.
Recomendaciones
Tchintian enumeró una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la implementación de este sistema electoral. En primer término, que el diseño de la papeleta garantice la igualdad en la oferta y visibilidad de todos los candidatos. El tema del tamaño – uno de los cuestionamientos de los críticos de la BUP. “Puede resolverse con un diseño adecuado. Se trata de adaptar la oferta electoral a una papeleta usable”, afirmó Tchintian. Su tamaño también exige adaptar las urnas, ya que la boleta no requiere un sobre, sino que se pliega, pero es más voluminosa que la boleta tradicional.
A su vez, la experta consideró fundamental que se garantice una adecuada capacitación del electorado y de las autoridades de mesa, clave para asistir a los votantes y para llevar a cabo el escrutinio. Finalmente, “es necesario que se contemplen las especificaciones de los sistemas electorales”.
Hay que tener en cuenta que, de aprobarse la BUP en el Congreso, el sistema se implementará para cargos nacionales y convivirá con los distintos sistemas electorales locales en las provincias. Así, cada distrito podrá mantener su actual sistema para la elección con la boleta partidaria de gobernadores, legisladores provinciales e intendentes, y a la vez, deberán usar la BUP para elegir legisladores nacionales el año próximo, o presidente en 2027.
El texto que se negocia en el Senado
El oficialismo y la oposición dialoguista afinaron durante las últimas semanas las modificaciones que se le realizarán al proyecto de BUP aprobado en 2022 por Diputados. Habría consenso en adoptar a nivel nacional el modelo de boleta mendocino por sobre el sistema cordobés. Si bien ambos utilizan una sola papeleta para toda la oferta electoral, en el modelo cuyano los cargos aparecen sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales. Quedó descartado el modelo santafesino, con una boleta distinta para cada categoría.
El texto que llegue al recinto necesita la mayoría absoluta de los votos (37) al ser un proyecto de índole electoral. El borrador consensuado excluirá la opción de un casillero que permita votar la lista completa en las generales. Este cambio fue un pedido de la senadora rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), ya que esa eliminación favorece a los partidos provinciales, al disminuir el efecto “arrastre”.
