El miércoles 4 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una alocución, afirmó que la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol, le compró a una empresa israelí, antes de las elecciones presidenciales, un supuesto software para espiar “las comunicaciones” en medio del estallido social de 2021.
Según el mandatario, este programa, desarrollado por la empresa israelí NSO Technologies, tiene la capacidad de espiar comunicaciones en teléfonos inteligentes.
Además, Petro se refirió a “documentos de inteligencia de Israel”, que hacían referencia a los costos de la compra de Pegasus; también dijo que para realizar la compra salieron 11 millones de dólares del país.
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El primer mandatario, por medio de sus redes sociales, se volvió a pronunciar frente al tema. “Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos por funcionarios públicos, espionaje interno sin orden judicial, delitos contra país extranjero cuyos autores pueden ser extraditables, corrupción sin límites. Un aparato de inteligencia policial por encima de la ley en medio de un estallido social en donde mataban decenas de jóvenes, con violecion de mujeres adolescentes y miles de estudiantes detenidos”.
El presidente Petro también dijo que el partido de la oposición ha interceptado durante meses a quienes, desde el Gobierno, querían quitarle la posibilidad de su victoria, y agregó que “el Watergate de Nixon palidecería de envidia. Organismos de control judicial y administrativo que nunca investigaron. Ocultaron los hechos. Impunidad total. Alianzas internacionales no santas contra los derechos de los ciudadanos colombianos. Una verdadera dictadura”, concluyó.
En otra publicación hecha el jueves 5 de septiembre, el primer mandatario dijo que está leyendo una carta de la autoridad suiza en la que se revelarían montos ilícitos: “Aquí leo la carta de la autoridad suiza de transacciones financieras donde se revela los viajes y montos de dinero en efectivo que uso la Dipol, Dirección de inteligencia de la policía nacional, para comprar ilegalmente el software de interceptación Pegasus entre junio y septiembre del año 2021. Era director nacional de la policía el general Vargas, director de la Dipol, el general Mójica y presidente Ivan Duque”.
Por otra parte, según documentos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) que también leyó durante su intervención, el primer pago de 5,5 millones de dólares se efectuó el 27 de junio de 2021, mientras que la segunda mitad estaba programada para transferirse entre septiembre y octubre del mismo año.
El presidente cuestionó el origen de estos fondos y el propósito detrás de la adquisición de Pegasus, planteando dudas sobre la legalidad del proceso: “¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales hacia Israel para comprar un software que espía comunicaciones privadas y políticas?”, preguntó Petro, sugiriendo que la información recabada podría haber sido utilizada para interferir en las comunicaciones del principal partido opositor, que eventualmente ganó las elecciones presidenciales.
Petro también señaló que el espionaje pudo haber afectado a otras personas y preguntó si había alguna orden judicial que respaldara estas acciones. “¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero?”, añadió, sugiriendo que esto podría constituir un caso de lavado de activos cometido desde el propio Estado.
Al finalizar su discurso, el mandatario informó que le solicitó al general de la Policía Nacional, William Salamanca, localizar el software Pegasus en las instalaciones de la Dipol y entregarlo a la Fiscalía General para una investigación completa. Además, señaló que si era necesario recurría a expertos internacionales para garantizar la transparencia de la investigación, lo hará. “La verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella”.
Hay que tener en cuenta que en marzo de 2024, un diario israelí ya había informado sobre esta presunta transacción, y un mes después el tema fue discutido en el Congreso colombiano, donde el Ministerio de Defensa se comprometió a investigar.
