El Tribunal Constitucional (TC) celebrará a partir del próximo martes un Pleno en el que se espera que admita a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de amnistía y que rechace el recurso de amparo presentado por el ex diputado del PP Alberto Casero para anular la votación sobre la reforma laboral, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Los doce magistrados estudiarán la admisibilidad de la pregunta formulada por el TS en base a una ponencia de Ricardo Enríquez –enmarcado en el sector conservador del TC– donde propone tramitarla, una posición que contará con un apoyo transversal, de acuerdo con las citadas fuentes.
Fue el pasado julio cuando la Sala de lo Penal del Supremo se dirigió al TC al considerar que el artículo 1 de la ley de amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.
El Supremo decidió acudir al Constitucional tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’.
Como paso previo, el TC analizará la decisión del magistrado progresista Juan Carlos Campo de abstenerse de dicha deliberación, ya que cuando era ministro de Justicia dijo que la amnistía era “claramente inconstitucional” en los informes sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’.
No es la primera vez que el magistrado presenta su abstención sobre la amnistía. Ya decidió apartarse en noviembre de 2023 –cuando la ley se estaba negociando– de un recurso de amparo presentado por un particular, para salvaguardar la “imparcialidad” del Constitucional.
Fuentes del TC anticipan que el Pleno aceptará la abstención de Campo en las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad. Sus compañeros lo ven como un caso claro, ya que fijó posición en un documento oficial que formaba parte de un procedimiento que se desarrolló hace tres años.
ARRANCA EL DEBATE SOBRE LA AMNISTÍA
Así las cosas, la correlación de fuerzas entre los bloques progresista y conservador del Constitucional quedaría 6 a 5, con lo que el primero mantendría su mayoría.
De admitirse, la cuestión de inconstitucionalidad será el primer asunto relacionado con la ley de amnistía que estudie la corte de garantías, aunque el fallo tardará en llegar entre seis meses y un año.
Si bien la respuesta que dé el TC al TS no se podrá extender automáticamente al resto de cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan llegar, porque el contenido impugnado y los argumentos expuestos pueden variar, lo cierto es que marcará el camino.
De acuerdo con las referidas fuentes, una vez resueltas las dudas manifestadas por el Supremo, será el turno de los recursos de inconstitucionalidad. De momento, el TC tiene en sus manos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y las Cortes Aragón, cuyas ponencias han recaído en el magistrado conservador José María Macías y en la magistrada progresista Laura Díez, respectivamente.
Ventilados los recursos de inconstitucionalidad, la corte de garantías se detendrá en los de amparo, que a diferencia de los primeros sí podrán acumularse para que un solo magistrado se ocupe de las ponencias de todos ellos.
EL VOTO TELEMÁTICO
En ese mismo Pleno, los magistrados resolverán el recurso presentado por Casero, donde pide que se declare vulnerado su derecho al ejercicio de la función representativa y, como forma de reparación, que se anule la votación en la que se dio por válido su voto telemático impidiendo así que votara presencialmente.
En este caso, la ponencia redactada por el magistrado progresista Ramón Sáez aboga por rechazar el recurso de amparo del ex diputado ‘popular’, una posición que también contaría con el aval mayoritario.
Cabe recordar que en esa votación, celebrada el 3 de febrero de 2022, la reforma laboral salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, por lo que el error de Casero en el voto telemático fue clave para que prosperara.
El Constitucional se centrará en dilucidar si la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, debió permitir que Casero votara presencialmente una vez emitido el voto telemático.
Casero impugna, en primer lugar, que su voto telemático se considerara válido, pero la ponencia razona que desde la pandemia de coronavirus ya no es necesario que el voto telemático se confirme telefónicamente, por lo que una vez emitido –salvo error técnico– sería válido.
Por otro lado, el ex diputado ‘popular’ reprocha a Batet que no convocara la Mesa del Congreso para resolver el conflicto. Sin embargo, para Sáenz este motivo de impugnación no puede prosperar porque no fue Casero quien pidió reunir al órgano sino su grupo parlamentario.
Cabe recordar que se trata del primero de los tres recursos que el TC tiene sobre este asunto, ya que PP y Vox también impugnaron. Posteriormente, los letrados del Congreso concluyeron que el voto telemático de Casero fue válido porque no hubo error informático, sino humano, del propio diputado.
