Un británico reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por presuntamente vender sin permiso en Internet contenido protegido por derechos de autor se ha opuesto a ser extraditado por España, negando su implicación y alegando que cuando fue detenido este año en Alicante estaba de vacaciones y no pretendía abandonar Reino Unido, y que pretende volver a su país para defenderse con todas las garantías.
En la Audiencia Nacional, donde se ha celebrado este jueves la vista de extradición, el reclamado ha solicitado que le devuelvan el pasaporte y ha acusado a las autoridades estadounidenses de intentar esquivar la legislación británica al pedir a España su detención.
“Es en Reino Unido donde debería estar siguiendo ese proceso, donde conozco la lengua y cómo funciona el procedimiento legal. No estoy intentando ocultarme de ninguna forma, vine a España para una semana de vacaciones en Alicante, tenía billete de vuelta y de repente surgió esto de la nada”, se ha quejado.
Y ha expresado que ha salido de Reino Unido en muchas ocasiones y nunca le habían detenido. “No tenía constancia de este procedimiento ni he recibido ninguna notificación”, ha apostillado.
Luego, su defensa ha señalado que no ha llevado a cabo “ninguna actividad ilícita” en Estados Unidos y que compete a los tribunales de Reino Unido enjuiciar los supuestos hechos.
Ha indicado que el reclamado es “ajeno” a la causa, que Estados Unidos “no ha aportado ninguna evidencia concreta” y que los otros tres acusados le echaron la culpa para llegar a acuerdos beneficiosos con la Fiscalía y conseguir una condena menor.
Además, el abogado ha remarcado que su cliente no busca eludir la acción de la Justicia, reiterando que lo que desea es poder volver a su país. “Y si Estados Unidos lo considera oportuno, llevar a cabo la exigencia en el propio Reino Unido, pues es donde goza de todas las garantías como nacional británico para poder defenderse”, ha añadido.
En este sentido, la defensa ha afirmado que estar retenido en España le produce indefensión, al estar fuera de su ámbito familiar, social y económico.
LA FISCALÍA, A FAVOR DE LA EXTRADICIÓN
Un tribunal del estado de Pensilvania acusa al hombre de nacionalidad británica de hasta 32 delitos relacionados con estafa por medios electrónicos, infracción de los derechos de autor y asociación ilícita –lo que en España se conoce como pertenencia a organización criminal–, por presuntamente haberse asociado ilícitamente con otras personas para vender sin autorización material audiovisual protegido por derechos de autor.
Así consta en un informe de la Fiscalía española, recogido por Europa Press, en el que se muestra favorable a proceder a la entrega de este hombre y que ha sido ratificado en la vista por el fiscal.
Según el escrito, el reclamado y otros dos individuos “crearon, promovieron y operaron” un servicio ilegal de transmisión de películas y televisión basado en Internet que vendía contenido de vídeo protegido por derechos de autor que los acusados habían tomado sin permiso de varios proveedores de contenido. Entre los proveedores a los que presuntamente estafaron están Charter Communications, Comcast Corporation, Verizon, Frontier Communications y DirectTV.
En concreto, entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, participaron en una actividad que fue conocida comercialmente en varios momentos como ‘Reboot’, ‘Gears’, ‘Reloaded’ y ‘Gears Reloaded’. Ofrecían a sus clientes, tanto de EEUU como del extranjero, “acceso a cientos de canales de programación de televisión en vivo, así como, durante un periodo de tiempo, acceso a programación de televisión y películas grabadas”.
La organización realizaba pagos a dos empresas de servidores que almacenaban y alojaban el contenido en vivo y grabado y que permitió el supuesto fraude electrónico. Fruto de esto, durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2019 y el 20 de noviembre de 2019, según el escrito, esta organización ilícita habría provocado que se copiaran sin permiso “muchas más de diez obras protegidas por derechos de autor, y provocaron que numerosas obras protegidas por derechos de autor se transmitieran a los suscriptores” de su servicio, siempre sin el permiso de los titulares de los derechos de autor.
De hecho, explica el fiscal, para acceder a la programación de la televisión por cable, los partícipes del fraude habrían “solicitado y recibido decodificadores y otros dispositivos de acceso que les permitieron recibir y ver la programación de televisión por cable ofrecida por las compañías”.
