La mayoría de grupos parlamentarios, incluidos el PSOE y el PP, han apoyado este martes en el Pleno del Congreso tramitar la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por Junts para frenar la multirreincidencia y en la que plantea, entre otras cuestiones, penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles.
La diputada de Junts Marta Madrenas ha asegurado que lo que pretende su formación con esta iniciativa es “reducir la multirreincidencia” y “que todo el mundo sepa que delinquir no sale gratis”. “Tenemos que terminar con la percepción generalizada de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, es necesario que los delincuentes y el conjunto de la ciudadanía también sepa que quien la hace la paga”, ha apuntado.
En esta línea, Madrenas ha afirmado que en los últimos tiempos se han producido “llamamientos públicos de auxilio de alcaldes de distintas sensibilidades y de grupos parlamentarios” que han “venido denunciando la grave alarma social que se está produciendo en cuestiones de inseguridad entre vecinos”.
Y es que, según la dirigente catalana, grupos reducidos de personas son “autores de oleadas de delitos menos graves, especialmente hurtos, en ocasiones peleas, que el sistema, ya sea policial, administrativo o judicial, es incapaz de evitar”.
“Por eso pedimos que este tipo de hurto se considere el tiempo agravado y que los Ayuntamientos que han sido los principales actores que reivindican la necesidad de que se encuentre una solución a este problema puedan comparecer en estos procedimientos. Es importante. Porque además en estos procedimientos de juicios leves no comparece normalmente el Ministerio Fiscal”, ha zanjado.
Cabe recordar que, actualmente, la Cámara Baja tiene en tramitación parlamentaria una reforma del Código Penal en esta materia impulsada por el PP con el fin de endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas. Su toma en consideración salió adelante el pasado mes de junio gracias al voto a favor de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN.
PSOE Y PP COINCIDEN EN EL DIAGNÓSTICO
La diputada del PSOE Maria Mercè Perea i Conillas ha anunciado su apoyo a la iniciativa “porque la seguridad ciudadana es un derecho de la convivencia” y destacando que “sin seguridad no hay libertad ni tampoco igualdad”.
La socialista, además, ha aprovechado su intervención para atacar a PP y Vox. “Si hay algún reincidente son ustedes. En la confrontación, en generar odio, en la corrupción. Les advierto, con el nuevo plan -el Plan de Acción por la Democracia– aprobado hoy, señorías de Vox y del PP, van a tener que hacer aflorar de donde se financian ustedes o qué medios de comunicación financian”, ha avisado.
Por su parte, la diputada ‘popular’ María Jesús Moro ha pedido a sus compañeros ser “útiles de una vez” y no convertir el debate “en el día de la marmota”. “Señorías, hay diagnósticos, amplia coincidencia, alarma social o imposibilidad de luchar contra la multirreincidencia”, ha sostenido, insistiendo en que su grupo viene pidiendo desde 2022 una reforma del Código Penal.
Y es que, ha continuado, “estos delitos encabezan el listado de infracciones penales, ocasionan un elevado perjuicio a toda la sociedad, a sus víctimas concretas y especialmente en el mundo del turismo y en el sector local”. “Mi grupo no puede decir que no a esta iniciativa, aunque creamos que son mejores algunas propuestas nuestras. Pondremos todo de nuestra parte para hacer la mejor propuesta”, ha apostillado.
VOX: JUNTS ES “LA REINCIDENCIA EN ESTADO PURO”
El diputado de Vox Javier Ortega-Smith se ha preguntado cómo Junts “tiene la desfachatez de traer” esta propuesta, el grupo que preside el expresidente catalán Carles Puigdemont”. “Yo se lo explico: porque son los más autorizados para hablar de multirreincidencia delictiva, porque son los que tienen mayor experiencia en el tema, fíjense que son el partido del eslogan ‘ho tornarem a fer’, lo volveremos a hacer, eso es la reincidencia en estado puro”, ha criticado.
Enrique Santiago, diputado de Sumar, considera que “un Estado de Derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que” propone Junts. “No pueden ustedes grabar los hurtos con delitos más graves que los delitos contra los intereses general cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresa”, ha afirmado, reconociendo que esta “situación es de inseguridad no se combate llenando las cárceles de gente”.
El diputado de ERC Gabriel Rufián ha explicado que su partido se abstendrá porque, a pesar de estar “absolutamente de acuerdo” con que los jueces y los alcaldes “necesitan más herramientas”, no comparten la “solución”. “Ustedes, como partido de derechas solamente quieren más penas, porque el Código Penal es gratis. ¿Qué no es gratis? Instaurar una red educativa, instaurar una red asistente”, ha opinado.
PODEMOS CRITICA EL PUNITIVISMO
El diputado de UPN Alberto Catalán, por su parte, ha señalado que “el Gobierno lamentablemente parece que mira para otro lugar” ante una situación “de alarma”. “Hay que poner fin a esta situación o al menos minimizarla”, ha apuntado, respaldando la iniciativa de Junts. En la misma línea se ha pronunciado el diputado del PNV Mikel Legarda, que ha anunciado su voto favorable ante la “insuficiencia de la regulación vigente del Código Penal para disuadir a los autores de la comisión de estos delitos”.
La diputada de Podemos Martina Velarde, por el contrario, ha cargado contra Junts por situarse “a la derecha de la derecha” al tiempo que ha anunciado su oposición a la propuesta aseverando que “la mejor herramienta de prevención del delito, sobre todo de los delitos que tienen su causa en la pobreza, no es la mano dura, sino que es la igualdad de oportunidades y el establecimiento de un colchón social”.
Lo que propone Junts es una modificación del Código Penal, en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico previstos en el capítulo primero del título trece. En concreto, quieren cambiar el artículo 234, para que las penas a la multirreincidencia no dependan del montante acumulado de las infracciones, que actualmente está situado en 400 euros.
Y también el artículo 235, al que quieren añadir penas de uno a tres años de prisión por el robo de móviles o dispositivos electrónicos. También abogan por modificar el artículo 22 de la misma norma, relativo a las circunstancias agravantes, y el artículo 66 sobre las reglas generales para la aplicación de las penas en los delitos leves, para penar con una multa de uno a tres meses los delitos reincidentes.
MÁS JUECES Y MÁS HERRAMIENTAS PARA AYUNTAMIENTOS
Por otro lado, con el objetivo de dotar de los “recursos necesarios” que permitan hacer efectiva la reforma propuesta, piden modificar también el Anexo IV de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70.
Asimismo, aspiran a retocar el artículo 105 la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que las entidades locales tengan la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la actuación que corresponda a la Fiscalía.
Finalmente, proponen incluir una modificación puntual al Real Decreto por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, en relación a la información de carácter general contenida en los registros integrados en el sistema, y en relación a la información contenida en la inscripción de sentencias firmes, así como en la inscripción de medidas cautelares.
