Automovilistas Europeos Asociados pedirá al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la inmediata paralización en la tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la devolución de lo cobrado, que estiman en más de 330 millones de euros en 1,7 millones de multas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las ZBE de la capital al considerar, entre otras cuestiones, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” en las medidas adoptadas en la ordenanza municipal. Maestre ya ha pedido a Almeida que recurra la sentencia.
Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, ante un recurso de Vox que ha sido admitido parcialmente por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que deja sin efecto diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid.
La sentencia anula concretamente aquellas partes de la ordenanza por las que se definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid y las que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica”. De este modo, la Justicia mantiene el resto del articulado.
Ya el pasado agosto, la asociación pedía a Almeida una moratoria de dos años en la aplicación de las restricciones de circulación para los vehículos sin etiqueta “en base a los mismos argumentos que ha utilizado el TSJM para anular las ZBE de Madrid”.
La sentencia, en palabras de la asociación de automovilistas, “incide especialmente en el hecho de que las medidas restrictivas adoptadas por la ordenanza afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales pero no se hizo una valoración de este factor”.
Del mismo modo, la sentencia alude a la afectación de las medidas a miles de vehículos profesionales, con repercusión directa en las condiciones de la competencia y del mercado.
Si bien la sentencia no es firme, la asociación espera que el Ayuntamiento no la recurra “por cuanto esta muy bien motivada a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y del propio Tribunal Supremo de España”.
