El Senado emulará este miércoles al Congreso de los Diputados y sacará adelante una moción presentada por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, instando al Gobierno a reconocer como presidente electo de Venezuela al candidato opositor Edmundo González.
El debate en el Pleno se producirá un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya reunido con González en el Congreso de los Diputados, a quien no ha dudado en calificar como “presidente electo”.
Coincidiendo con la discusión de la moción formulada por los ‘populares’, la oposición venezolana ha convocado una concentración a las puertas del Senado bajo el lema “Venezuela tiene presidente electo”. Así, se invita a manifestarse “en defensa de la victoria popular del 28J, en respaldo de Edmundo González Urrutia y a los héroes que luchan en Venezuela”, a partir de las 11.00 horas en la Plaza de España junto a la calle Bailén.
En su moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ sostienen que ya no sirve con exigir la publicación de las actas de las presidenciales del pasado 28 de julio y con “ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios”, en referencia a la acogida en España de González.
“Ofrecer asilo político a Edmundo González Urrutia es una medida que nadie discute como tal”, admite el PP en su exposición de motivos, incidiendo en que el bloqueo que vive Venezuela no se resuelve con ello. “En lugar de tramitar el asilo para quien ganó las elecciones, en todo caso habría que hacerlo para quien perdió y se niega a abandonar el poder”, destaca la moción.
Además, el PP considera que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “no puede seguir ejerciendo el papel de un actor secundario, carente de estrategia, mientras el protagonismo principal lo ejerce una figura tan estrechamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuya posición hacia el régimen muy pocos entienden, lo mismo en Europa que en Iberoamérica”.
RECONOCER COMO “NUEVO PRESIDENTE”
Por ello, dado que el Congreso ya ha dado el paso de pedir al Gobierno que reconozca al opositor como presidente electo, el PP quiere que el Senado inste expresamente al Gobierno “a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela, a la vista de los resultados de las elecciones del 28 de julio”.
Asimismo, piden al Ejecutivo que reclame al régimen de Maduro que “reconozca el resultado (…) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia”, además de exigirle que “ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos”.
Por otra parte, reclama al Gobierno que ejerza “un papel de liderazgo” tanto en la UE como entre los países iberoamericanos “en defensa de los principios democráticos, las libertades y el estado del derecho”.
Por último, le insta a “posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
CRISIS CON VENEZUELA
Los ‘populares’ presentaron su moción pese a que horas antes el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y uno de los hombres fuertes del chavismo, Jorge Rodríguez, había amenazado con la ruptura de relaciones con España a raíz del voto en el Congreso, que consideró “una declaración de guerra”.
Después de ello, el viernes se produjo un choque diplomático como consecuencia de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tildó de “dictadura” al Gobierno de Maduro, que llamó a consultas a su embajadora en Madrid y convocó al embajador español en Caracas en protesta.
El último episodio hasta la fecha lo constituye el arresto de dos ciudadanos españoles anunciado el domingo por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a quienes acusó de estar vinculados con el CNI y de formar parte de un plan de desestabilización del país orquestado por la oposición. El propio Maduro ha denunciado que son “terroristas”, si bien el Ejecutivo ha asegurado que no trabajan para ningún organismo público.
