Luego del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro de cerrar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —a causa del atentado en el batallón de Puerto Jordán, que dejó a dos uniformados muertos y 25 heridos—, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, advirtió que la violencia podría exacerbarse en las regiones donde tiene influencias la guerrilla.
“El ente de control advierte a las autoridades que, con el anuncio del señor Presidente de la República del cierre de los diálogos de paz con este grupo armado organizado al margen de la ley, se puede generar una escalada de violencia aún mayor en las zonas de influencia del ELN, por lo cual solicita que se activen todas las capacidades para prevenir y proteger a la población frente a los ataques que pueda perpetrar este grupo terrorista”, indicó.
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Cabello resaltó su preocupación por la situación de los habitantes de Arauca, razón por la cual le solicitó medidas urgentes al Gobierno nacional.
“Requerimos con urgencia al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional y la fuerza pública, para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los araucanos, se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan judicializar a todos los responsables de este ataque y se realicen las labores de inteligencia necesarias para evitar que estos hechos se repitan en este departamento”, expresó.
De igual forma, precisó que es compleja la situación que se vive en la región, debido a que los datos de las agencias de la cooperación internacional indican que cerca de 5.000 personas de 23 veredas estarían confinadas.
“Desde agosto de 2024, cuando se suspendió el cese al fuego con el ELN, hemos asistido a una escalada de violencia terrorista en ese departamento, ataques contra la población civil y contra infraestructura estratégica de la Nación”, aseveró.
Y agregó: “La escalada terrorista que afecta los derechos humanos de las comunidades de esta zona del país, que en lo corrido del año registra 119 personas desaparecidas, 14 líderes sociales asesinados, 10 acciones armadas sólo en los meses de julio y agosto de 2024, y que se agrava con las deficiencias en la prestación del servicio público eléctrico, que se encuentra suspendido en el departamento”.
