La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) estudiará si investiga si el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández cometió un delito de financiación ilegal por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas.
Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía General del Estado recibió el pasado 19 de septiembre una denuncia por parte de Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas cuyo entramado ha sido a su vez denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa. Este mismo martes, el empresario ha presentado una ampliación de la misma.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros “en efectivo” al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío”, le habría escrito Pérez en un mensaje.
El empresario sostiene que fue uno de sus empleados el que remitió a las 16.00 horas de ese día en sus oficinas de Madrid la cantidad a Pérez. “Tras la entrega de esa cantidad en efectivo, seguimos teniendo una relación fluida que nos une y entre otras cuestiones acordamos vernos en Ibiza para, junto con dos influencers, dar visibilidad a los negocios y conectarme con lobbies en Europa”, recoge la denuncia.
Romillo asegura que su relación con Alvise Pérez “se redujo” a la entrega de esa cantidad, a acudir a un evento del ahora eurodiputado y “crear y dirigir las wallet” que publicitaba en su canal de Telegram “para recaudar fondos”.
LAS PETICIONES DE ALVISE
El empresario incluye en su ampliación de la denuncia pantallazos de las conversaciones que mantuvo con Pérez hasta este mismo mes de septiembre, y en las que ambos charlan acerca de la publicación en medios del presunto desvío de donaciones a su formación.
Romillo incide en que Pérez le contactó porque tenía una “necesidad de tráfico y alcance, fondos” que no requirieran “ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos”.
“Todo ello, a fin de hacer crecer el partido, prepararse para el objetivo de lograr cinco escaños en 2026 para optar a ser llave del Gobierno, y, de este modo, influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil”, sostiene en su escrito.
Esta misma mañana, la denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.
LA DENUNCIA CONTRA ROMILLO
Víctimas de una presunta estafa, por su parte, han pedido a la Audiencia Nacional (AN) esta semana que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria, y cuyo CEO era el propio Romillo.
Desde Aránguez Abogados, que representan a algo más de 500 afectados, explican que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, “alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas”
El despacho ha presentado este miércoles una ampliación de la denuncia en la que piden a la Audiencia Nacional que se inhiba y que la competencia pase al Supremo. Según este despacho, Romillo habría manifestado “públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados”.
