Un operativo llevado a cabo por el Gaula Militar y la Policía Nacional en el establecimiento penitenciario la Esperanza, más conocido como La Pola, ubicado en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, se logró la desarticulación de una red criminal que operaba dentro de las celdas bajo un sofisticado modelo de call center con fines extorsivos.
Este resultado que hace parte de las acciones dentro del Plan Ayacucho, se conoció la mañana del 26 de septiembre de 2024, luego que los agentes llegaron de sorpresa al centro de reclusión, donde hallaron todos los componentes de la oficina que tenían montada para realizar llamadas a comerciantes de Bogotá.
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Los reos les exigían millonarias sumas de dinero a sus víctimas haciéndose pasar por miembros de estructuras criminales, y además de la capital del país, también operaban en otros municipios cercanos, donde los ciudadanos recibían estas inoportunas llamadas.
“Se incautaron 27 celulares, veinte sim cards, cincuenta cargadores de celular y 28 audífonos, que según la información recolectada por labores de inteligencia, eran utilizados para realizar llamadas extorsivas a comerciantes del centro del país”, informó el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional.
Este tipo de modalidad conocido como llamada carcelaria, consiste en que personas privadas de la libertad se hacen pasar por diferentes estructuras criminales (como courrió con comerciantes de la localidad de Kennedy y delincunentes que cobraban extorsiones haciéndose pasar por miembros del Tren de Aragua o Los Satanás) para presionar a los comerciantes de Bogotá y municipios cercanos a la ciudad, para obtener pagos extorsivos.
El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también apoyó las labores que llevaron a cabo los miembros del Gaula Élite N.º 2 de las Fuerzas Militares, con la que “se golpean las finanzas ilegales de estructuras criminales que delinquen en Bogotá y Cundinamarca”, cerró el general morales.
Casos como este se suman a los que ocurrieron durante el 2024, como el episodio que se conoció el 5 de junio, después del operativo efectuado en la cárcel de Girardot (Cundinamarca), donde los agentes encontraron 12 cuadernos en los que los presos documentaban toda la información personal de posibles víctimas, para luego llamabarlas y exigirles el pago de extorsiones.
En tanto que el 28 de abril se conoció que en la cárcel La Vega, en Sincelejo (Sucre) también fue descubierto otra central de operaciones similar a un call center. Es dicha ocasión las autoridades incautaron 23 celulares y 53 sim cards, más estupefacientes y armas cortopunzantes, que serían de miembros del Clan del Golfo.
En Bogotá cayó otro call center de extorsiones que operaba en la localidad de Bosa
Este caso que se conoció en Guaduas, Cundinamarca, recuerda el hecho que ocurrió en Bogotá, luego de que varios agentes de la Policía, el Gaula, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, llegaron hasta una vivienda ubicada en la localidad de Bosa y desmantelaron un call center que operaba de manera clandestina en un inmuble.
La casa, ubicada en una zona residencial del barrio Piamonte, en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital, era el centro de operaciones de una red de extorsión conocida como Los Telefonistas. La organización estaba compuesta por siete mujeres y dos hombres, quienes utilizaban nombres de grupos criminales reconocidos para intimidar a sus víctimas.
El desmantelamiento de esta red fue posible gracias a seis meses de labores de inteligencia, que permitieron a las autoridades identificar y ubicar el inmueble donde se encontraba instalado el centro de operaciones.
Según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los delincuentes se hacían pasar por miembros de organizaciones como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN, entre otros, para generar miedo y obtener dinero de sus víctimas.
El modus operandi de Los Telefonistas incluía el uso de diademas, cuadernos con libretos y otros dispositivos para llevar a cabo las extorsiones. Además, los operadores que lograban obtener mayores sumas de dinero eran recompensados con bonos, incentivando así la actividad delictiva.
Adicional a lo anterior, el comandante de la Policía de Bogotá, el coronel William Javier Lara, los presuntos delincuentes también creaban cuentas en aplicaciones de pagos para facilitar las transacciones ilegales.
Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de las actividades de esta red y el número exacto de víctimas afectadas.
