Mientras corre la segunda jornada de paro docente, y a días de la Marcha Federal Universitaria contra el veto total de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno convocó esta tarde a los gremios del sector para ofrecerles un aumento salarial del 5,8 por ciento para el personal docente y no docente. Sin embargo, el Presidente no planea dar el brazo a torcer, y la respuesta de los sindicatos fue negativa.
La reunión para formalizar el ofrecimiento del oficialismo fue convocada por el Gobierno de manera sorpresiva este mediodía, cuando Milei se preparaba para recibir a Susana Giménez en la Casa Rosada y en la previa de que se conociera la medición de pobreza del INDEC. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, venían sopesando la medida en consulta con el ministro de Economía y guardián del superávit, Luis Caputo, y la formalizaron esta tarde con la ambición de poner paños en un conflicto delicado que crece desde hace semanas.
El Ejecutivo espera bajar el nivel de adhesión de la manifestación, aunque en las filas libertarias aclaran que no aspiran a que se suspenda. Como mínimo, quieren demostrar predisposición y mostrar acción gubernamental concreta. Sin embargo, las quejas de los docentes abarcan más que el tema salarial, y la respuesta al ofrecimiento de parte de los sindicatos sería un rechazo.
Se rumoreaba que habría una propuesta desde el martes, cuando Francos y Pettovello se reunieron en Casa Rosada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez -quien se enargó de hacer la oferta hoy- y, llamativamente, el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, Torrendell había adelantado ayer su inclinación por otorgar una mejora salarial, en un largo discurso que brindó al mediodía sobre políticas educativas, en una reunión del Rotary Club.
Hasta hoy no se habían conocido los porcentajes exactos que estaba dispuesto a ofrecer el Gobierno, que finalmente fue del 5,8 para octubre. El Ejecutivo entiende que con esa suba iguala los aumentos otorgados durante este año a los empleados públicos, y que así estarían cumpliendo con la promesa que hicieron en enero, cuando dijeron que ajustarían en base a la inflación, pero también en relación con las actualizaciones para los estatales.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las casas de altos estudios todo el país, que actúa como veedor de las negociaciones, deslizaron que la oferta es “bienvenida”, pero que no resulta suficiente para dar de baja la manifestación. Es que los reclamos versan también sobre los gastos de funcionamiento y las proyecciones presupuestarias para 2025, y consideran que la ley de Presupuesto que presentó Milei hace dos semanas ante el Congreso es por demás insuficiente.
Por su parte, la CONADU, uno de los seis gremios que se sentaron a la mesa de negociación, adelantó que no aceptará la recomposición en el actual contexto. Lo único que serviría para suspender la protesta, advierten, es que Milei evite el veto total a la ley de financiamiento que se votó hace 14 días en el Congreso. Pero en Gobierno ratificaron una y otra vez, inclusive hoy, que esa no es una opción.
“A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad”, dijo el secretario general de CONADU, Carlos de Feo, que asistió al encuentro con Educación con representantes de Conadu Histórica, FEDUN y Ctera. “La propuesta en sí está muy lejos de equiparar con los estatales porque es solo un 5.8 para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes. Tampoco resuelve la cuestión de la garantía salarial, Fonid y otros temas”, agregó.
Capital Humano evaluó largamente cómo avanzar para calmar las aguas en el conflicto con los gremios y el CIN, con la habitual reserva. Hasta hoy, Petovello se había limitado a publicar un comunicado con un raconto de la situación presupuestaria, en tono de defensa de su gestión. Allí había recordado el incremento de un 270 por ciento los gastos de funcionamiento, con “especial atención” a los hospitales universitarios, y había remarcado que el monto mayoritario había sido destinado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo rector y vicerrector, Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, están entre los principales críticos de las políticas educativas libertarias.
Además, Francos viene hablando con la CGT -en particular, Gerardo Martínez- por un combo de temas: desde el conflicto en Aerolíneas Argentinas, al -ya abandonado- proyecto de democracia sindical; a la marcha universitaria. Mientras tanto, Santiago Caputo mantiene el contacto con Yacobitti, que además de vicerrector de la UBA es diputado radical. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se mostró más atento a la reforma laboral que acaba de reglamentarse. Hasta ahora no se refirió al tema docente, ni participó de las reuniones, a pesar de que las aulas de las casas de altos estudios estaban cerradas hoy por segundo día consecutivo, como medida de fuerza.
Más temprano el secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), Daniel Ricci, había asegurado que el acatamiento el primer día fue total en 61 universidades públicas. Mientras que Emiliano Cagnacci, de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), dijo que “la adhesión “es altísima” y que en la UBA “alcanza casi el 100% en facultades e institutos”.
El gesto del Gobierno cayó mal entre los gremios, que se preparan para endurecer la postura una vez más, luego de la marcha masiva que protagonizaron en abril. En ese momento, aquella acción política no hizo mella en la imagen de Milei. Ahora, el escenario es distinto: los asesores del Presidente acaban de admitir que registraron una merma de 4 puntos en las mediciones de confianza en el Gobierno.
