El Gobierno de Perú ha declarado este jueves el estado de emergencia en doce distritos del país, once de ellos en Lima y uno en Callao, durante 60 días con el fin de combatir la inseguridad generada por delitos de extorsión contra empresas de transporte.
“Tras una exhaustiva investigación, se ha comprobado la dimensión del crimen de extorsión que sufren nuestros transportistas, y esto ha catalizado los anuncios que hoy brindamos desde el Gobierno. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad ciudadana”, ha afirmado el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha explicado que durante este periodo la Policía Nacional se encargará de mantener el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y se presentará al Congreso un proyecto de ley que tipifica como delito de terrorismo urbano el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Además, ha señalado que el Gobierno continuará evaluando la comisión de estos delitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos del país, según una conferencia de prensa realizada en la sede del Consejo de Ministros y recogida por la agencia de noticias Andina.
El Ministerio Público peruano ha emitido un comunicado en el que ha señalado que las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada “se abocarán a trabajar de manera conjunta con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional de Perú, como parte de las acciones para enfrentar el incremento de los delitos de extorsión contra los transportistas”.
Estas medidas han coincidido con una huelga de 24 horas de transportistas que ha tenido lugar en Lima y Callao en protesta por la ola de extorsiones. Ante esta situación, alrededor de 15.000 policías han sido desplegados en la capital.
