El debate sobre la reforma laboral en Colombia volvió a sonar luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid manifestara su preocupación por los intentos del Gobierno de implementar cambios significativos en la legislación laboral del país mediante decretos, esquivando así la discusión en el congreso que estas medidas requieren.
Según el congresista, “por medio de un decreto, el Gobierno de Gustavo Petro metería una reforma laboral a espalda de los colombianos y, además, haciendo el quite al debate en el Congreso de la República”.
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Entre las medidas propuestas en el mencionado decreto se destaca la promoción del “trabajo digno y decente”, con el cual el Ministerio del Trabajo pretende otorgar más poder a los trabajadores sindicalizados, enfrentándose a diferencias con empleadores. Esta propuesta levantó polémica, ya que se señala que “el sindicalismo no puede ser a la fuerza”, según palabras de Cadavid.
Además de abordar problemáticas relacionadas con el sindicalismo, el documento propone estrategias para “prevenir y erradicar la violencia y discriminación y demás conductas antisindicales hacia las organizaciones sindicales y trabajadores sindicalizados”. Otra cláusula busca asegurar la “promoción de la no repetición de los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado”.
La polémica aumenta con la inclusión de un sistema de protección social para trabajadores jubilados y la garantía de un subsidio de riesgos laborales, un aspecto que el gobierno aspira a financiar a través de un modelo de ahorro individual complementado con subsidios estatales. Sin embargo, el decreto no solo abarca estos puntos, también plantea ciertas regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales y promete subsidios para empleados del campo, suscitando interrogantes sobre la fuente de financiación para estas iniciativas.
El congresista Cadavid también destacó lo que percibe como una amenaza al empleo independiente, afirmando que el gobierno, a través de este decreto, clasificaría otras formas de trabajo, como el empleo por cuenta propia, como “violentas y discriminatorias, estigmatizando y persiguiendo a quienes generan empleo de manera independiente”.
Esta controversia se ve agravada por las recientes acusaciones de corrupción relacionadas con la financiación de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, especialmente después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), afirmara haber entregado millones de pesos en efectivo a altos funcionarios del Congreso para asegurar la aprobación de dichas reformas.
Ante estos acontecimientos, diversos sectores han solicitado poner en pausa la discusión de las reformas sociales propuestas por el Gobierno hasta que se esclarezca completamente esta red de presunta corrupción. Con la legislatura concluyendo el 20 de junio y la reforma laboral aun sin resolver en la Comisión Séptima de la Cámara, donde también se espera iniciar el debate sobre la reforma pensional, el futuro de estas reformas y su proceso de aprobación permanece incierto.
La carrera del presidente
La reglamentación es precisa: un proyecto de ley de carácter pensional, que ha estado en proceso de tramitación desde el año anterior y no finaliza su debate (tanto en tercer como en cuarto debate) antes del 20 de junio, queda destinado al archivo. Asimismo, una propuesta como la reforma laboral, que se ha visto postergada en el curso de la tramitación de otras iniciativas, de no ser aprobada al menos en su primer debate antes de la fecha límite mencionada, igualmente será archivada.
El procedimiento va más allá de una simple aprobación. Cada proyecto debe ser objeto de discusión, debe acompañarse de informes ponentes, así como de argumentos a favor y en contra, se deben votar los posibles impedimentos y agregar proposiciones.
Este debate requiere tiempo, se lleva a cabo tanto en la plenaria de la Cámara de Representantes como en la Comisión Séptima, que se encarga precisamente de temáticas laborales y pensionales. Por citar un ejemplo, solamente la tramitación de la reforma pensional en el Senado, durante sus primer y segundo debate, demandó más de seis meses. Petro ahora busca alcanzar este mismo proceso en la Cámara en poco más de cinco semanas.
Y como si este desafío no fuera suficientemente grande, el presidente decidió complicar aún más la situación: anunció que, simultáneamente a estas iniciativas y con carácter de urgencia, (para acelerar la discusión), presentará nuevamente su reforma de salud dentro de los próximos días, con la esperanza de que esta sea llevada a primer debate antes del 20 de junio.
