Todo problema público se atiende con decisiones de política que priorizan, o deberían de priorizar, el bien común. Una política pública se define como las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas (Salazar, 1994). La política pública ofrece un conjunto de decisiones que se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo (Subirats et al, 2018). Con lo anterior en mente, bien podríamos señalar aquellos aspectos fundamentales que debería abordar la política pública en nuestro país.
Si hablamos de una agenda pendiente, esta considera, como un primer punto, mejorar la prevención y respuesta frente a desastres naturales. Acciones oportunas para contar con infraestructura que permita minimizar los efectos de tales desastres. A nivel nacional, el Fenómeno El Niño de 2017 afectó a 1′559,487 personas. Fueron 371,370 viviendas afectadas. 66,093 viviendas destruidas e inhabitables. 1,044 establecimientos de salud destruidos e inhabitables. 354 instituciones educativas destruidas e inhabitables. 4,391 kilómetros km de carreteras destruidas. 489 puentes destruidos. 50,154 áreas de cultivo perdidas. 22,674 canales de riego destruidos.
Un segundo punto, mejorar la ejecución de presupuestos para inversión pública, sobre todo en el interior del país. Elevar la capacidad técnica de los equipos de Gobiernos y municipalidades. Por poner un ejemplo, en el departamento de Cajamarca, en los últimos cinco años, las municipalidades apenas ejecutaron el 60% del presupuesto disponible para inversión pública. En 2023, el saldo sin utilizar ascendió a S/ 596 millones. En 2024, al mes de mayo, a nivel municipal se ejecutó el 24.1%; mientras que el Gobierno regional, solo un 32%.
Un tercer punto, medidas para fomentar la formalización de las empresas. Reducción de costos de contratación y simplificación de procesos. La informalidad a nivel nacional afectó al 71.1% del empleo, en 2023. Existen brechas salariales por actividad económica, a propósito de la informalidad. Por ejemplo, en la actividad agrícola, el salario promedio formal fue de S/ 2,153; mientras que en el informal fue de S/ 683.
Un cuarto punto, recuperar la confianza empresarial. Solo con un ambiente de negocios atractivo para la inversión privada se reactiva la economía. Tal como señala el Banco Central de Reserva del Perú, la confianza empresarial empezaría a recuperarse bajo un entorno de estabilidad social y política. En 2023, siendo el 80% del total de la inversión, la inversión privada cayó un 7.2% y representó un 19.2% del PBI. Atrás quedaron los años en que representaba más de 22% del PBI.
Estos serían solo cuatro puntos en la agenda nacional, que urgen ser atendidos. Todo aquel que sea consciente de las falencias en nuestro país, los contemplan. Invertir tiempo y recursos en acciones de política que no aborden puntos como los anteriormente descritos, nos alejan cada vez más de reactivar la economía, de generar oportunidades y de mejorar el bienestar de la población en su conjunto.
En poco más de un mes escucharemos un nuevo mensaje por fiestas patrias. ¿Algunos de estos puntos serán abordados? Si no se tiene un horizonte claro de hacia dónde se quiere ir en los próximos dos años que queda de gobierno; o, peor aún, continúa la farra fiscal de parte del Legislativo, sin el más mínimo freno de parte del Ejecutivo, el siguiente gobierno tendrá mucho por recomponer, y, muy probablemente, sin los recursos para hacerlo de una manera efectiva.