En los últimos meses, el rechazo hacia las gestiones de las autoridades en distintas esferas se ha desbordado a niveles delictivos. La presidenta, congresistas, gobernadores y alcaldes son algunas de las figuras que recibieron abucheos, insultos, botellas, piedras e, incluso, agresiones físicas.
Durante un evento oficial en una de las ciudades más afectadas por la cantidad de fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte, dos deudas lograron burlar su seguridad y alcanzar a la máxima representante del país. No solo la insultaron, sino que una de las mujeres, la madre de Christopher Ramos, el adolescente de 15 años que recibió un disparo que le atravesó el corazón durante la masacre en Ayacucho, la jaló del cabello.
“Soy una madre, una madre que ha criado a su hijo y que esa miserable acabó”, dijo al momento de ser interceptada. Aunque ambas fueron detenidas y se anunció la máxima sanción, a partir de la presión de quienes aún esperan justicia por los fallecimientos ocurridos ante la represión policial, el Ejecutivo optó por no presentar cargos en su contra.
Dicha situación no fue la única. En otros eventos, la jefa de Estado y sus acompañantes recibieron insultos y arengas relacionadas a sus numerosas investigaciones, su indiferencia con la población, que sobrevive día tras día con una economía golpeada, hambre e informalidad.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también ha experimentado el descontento de la ciudadanía. Durante la inauguración del 28º Festival de Cine de Lima, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), los asistentes mostraron una pancarta con la consigna de “defensa del cine peruano” e interrumpieron la intervención hasta obligarla a bajar del escenario.
Desde hace meses, los cineastas han manifestado su descontento con la gestión de la ministra Urteaga debido a su inacción frente a una ley propuesta por la congresista Adriana Tudela. Dicha ley regula el financiamiento de películas peruanas que documentan violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y limita el presupuesto para el cine de autor, regional e indígena.
Durante su discurso en la ceremonia, Urteaga mencionó que el festival era una oportunidad para “aplaudir a los cineastas” y destacó el cine como una “herramienta poderosa para promover el desarrollo social del país”. Sin embargo, el público no permitió que la funcionaria estatal terminara su intervención, interrumpiéndola con gritos de “¡Fuera!”, “¡Mentirosa!”, “¡No a la censura!” y “¡Corrupta!”. A pesar de sus intentos por calmar a los asistentes y pedir respeto, los abucheos continuaron incluso cuando descendía del podio hacia su asiento en la primera fila.
En el Congreso, una de las entidades con mayor desaprobación a nivel nacional, tampoco es exento. La legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, fue agredida verbalmente en el bar-restaurante La Noche de Barranco en Lima, durante la madrugada del domingo 4 de agosto, cerca de las 3:00 a. m. En videos que se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo le exigieron que abandonara el establecimiento mientras la insultaban e, incluso, le lanzan un vaso de vidrio.
La parlamentaria, al verse forzada a salir del recinto, respondió a los agravios levantando el dedo medio en señal de descontento. El hecho fue condenado por varias personas, pero también respaldado por otros al considerar que Chirinos tiene intereses ajenos a trabajar por la población.
Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, se pronunció a través de su cuenta de X, subrayando la importancia de la sanción moral como respuesta a la clase política corrupta en el contexto actual. “Que no se sientan impunes, porque así vamos a responder”, manifestó Vásquez.
El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, vinculado a Dina Boluarte e investigado por el delito de cohecho activo genérico, vivió un episodio similar en su región. Durante un evento público en Huanta, más de 15 mil personas se congregaron en el estadio local para rodear al funcionario, insultarlo, tirarle piedras y botellas. Fue tal el descontento que el ‘wayki’ de la presidenta optó por huir en un helicóptero del Ejército.
“El gobernador piensa que los huantinos somos ‘tontos’ y por nuestro pueblo vamos a luchar,” expresó un manifestante del Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Huanta, reflejando el sentir generalizado de descontento y desconfianza hacia las autoridades.
El sentir negativo también se ha extendido a alcaldes. Durante una protesta en las inmediaciones de la Municipalidad de Trujillo, ciudadanos lanzaron un cono de tránsito al alcalde provincial Mario Reyna, aunque el objeto no lo alcanzó. Eventos previos a este incidente incluyeron una serie de insultos y consignas en su contra por parte de simpatizantes del alcalde suspendido Arturo Fernández Bazán, quienes persiguieron a Reyna durante cuatro cuadras, según informó RPP.
El altercado se produjo en el contexto de la sesión de Consejo Municipal en la que se debatía una solicitud de vacancia contra Fernández Bazán. La medida no prosperó, quedando infundada por mayoría de votos de los regidores.
“Exhortamos a manejar sus discrepancias con altura”
En un comunicado publicado en redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) subrayó la importancia de canalizar las diferencias de opinión “a través del diálogo abierto y respetuoso, y no a través de la violencia”. “Exhortamos a aquellos sectores involucrados en dichos actos a manejar sus discrepancias con altura y dentro de los cánones del respeto y el buen vivir”, mencionaron.
Adicionalmente, la PCM reiteró el compromiso del gobierno con el consenso y el diálogo, instando a la unidad nacional para garantizar que Perú se mantenga como un país que vive en paz, libertad y democracia. El gobierno enfatizó que la violencia no es la vía para resolver conflictos y que es esencial retomar el camino del diálogo para alcanzar los objetivos de desarrollo y bienestar para toda la población.
Los insultos y agresiones no son lo único que comparten las autoridades mencionadas, sino los cuestionamientos hacia sus gestiones; reflejando un hartazgo por parte de la sociedad a autoridades desconectadas de sus labores. El rechazo se incrementa ante el evidente trabajo en conjunto llevado a cabo por el Ejecutivo y el Congreso, pese a que deben ser poderes de contrapeso.
