El Cairo, 21 ago (EFE).- El presidente egipcio, Abdefaltah al Sisi, urgió este miércoles a reducir la duración máxima de la prisión preventiva, que actualmente es de dos años, y que ésta no se use como castigo, después de años en los que las autoridades judiciales del país hayan reprimido así a opositores, disidentes y activistas, entre otros, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
El jefe de Estado “hizo hincapié en la necesidad de reducir la duración máxima de la prisión preventiva y de mantener su carácter de medida cautelar exigida por la necesidad de la investigación, en lugar de permitir que se convierta en una medida punitiva”, según un comunicado de la Presidencia egipcia.
También subrayó la “necesidad de aplicar las diversas alternativas a la prisión preventiva” y dio importancia a “la indemnización material y moral, y la reparación para las personas sometidas a una prisión preventiva injusta”, sin aclarar este último punto.
Este movimiento se produce después de que el Diálogo Nacional – una iniciativa impulsada por el jefe de Estado a mediados de 2022 para reunir a todos los movimientos políticos autorizados de Egipto – presentara estas recomendaciones al presidente en referencia a la prisión preventiva y justicia penal, se apunta en la nota.
Al Sisi “ordenó la remisión de las recomendaciones al gobierno y la rápida aplicación de los procedimientos necesarios para hacer efectivas las recomendaciones acordadas, en respuesta a los diversos y especializados debates del Diálogo Nacional”.
Así, según el presidente, esta respuesta surge de “un sincero deseo de aplicar las disposiciones de la Constitución egipcia y la Estrategia Nacional de Derechos Humanos”.
Organizaciones a favor de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado de forma reiterada que, desde 2013, cuando Al Sisi asumió el poder, las autoridades egipcias reprimen con dureza los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como las voces críticas tanto en Internet como fuera de ella.
También han constatado que las autoridades egipcias han estado utilizando de forma habitual la detención preventiva prolongada e indefinida para castigar a quienes perciben como opositores políticos, activistas o defensores de los derechos humanos.
Pese a que la prisión preventiva tenga un máximo de dos años, las autoridades judiciales suelen incluir a los presos en un caso diferente cuando se cumple el plazo legal de detención para así mantener a los acusados en prisión.
Según el derecho internacional, la detención en espera de un juicio es una medida preventiva destinada a evitar nuevos daños u obstrucción de la justicia, y no un castigo.
Tampoco debe utilizarse con fines indebidos ni constituir un abuso de poder, y no debe durar más de lo necesario para la conclusión de las investigaciones.
