El exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000), en cuyo mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, realizó solicitudes formales al Congreso para obtener una pensión, el pago de un asistente personal y vales de combustible, según un informe difundido este lunes por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.
Las peticiones, firmadas tanto por Fujimori como por su abogado, Elio Riera, se fundamentan en un acuerdo de la Mesa Directiva que data del 2016. La primera solicitud, fechada el 26 de enero, propone la contratación de Óscar Paredes bajo la modalidad CAS, para que sirva como su asistente.
Posteriormente, el 20 de marzo, fue firmado otro documento para requerir vales de combustible destinado a un vehículo Honda con placa AXX-588, registrado a nombre de Susana Higuchi, su fallecida exesposa. La última solicitud se presentó el 24 de abril, cuando el exdictador pidió una pensión acorde con la Ley 26519, que equivale al sueldo de un legislador (S/ 15,600).
En un mensaje enviado a la televisora, la defensa del exautócrata confirmó la tramitación de estos beneficios. “Sí, los he mandado yo, con firma del expresidente también. Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”, dijo el letrado Elio Riera.
(STRINGER/)
Los pedidos surgen mientras aún pesa sobre Fujimori una deuda por reparación civil de S/57 millones, derivada de condenas por el allanamiento irregular a la vivienda de su exasesor, Vladimiro Montesinos; la compra irregular de Cable Canal, y el pago indebido de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a Montesinos.
Después de ser excarcelado, en diciembre del 2023, la Procuraduría General del Estado insistió en que dicho adeudo sigue vigente y que el monto acumula intereses. Fujimori renunció a su pensión de exmandatario y no posee bienes a su nombre que puedan ser utilizados para el pago de la indemnización civil.
La Procuraduría también enfatizó la responsabilidad del Ministerio Público de asegurar que el octogenario no abandone el país, especialmente ante la existencia de casos pendientes de extradición.
