La captura de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido en el mundo el hampa como Larry Changa, el pasado primero de julio en una zona rural del municipio de Circasia, Quindío, ha despertado un pleito legal internacional entre dos países de Latinoamérica que buscan justicia por los delitos del señalado cofundador de la organización transnacional Tren de Aragua.
De hecho, apenas horas después de que se conociera el logro de las autoridades colombianas, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional de Chile, hizo pública su intención de viajar a Colombia para adelantar el trámite de su extradición.
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Sin embargo, desde el Gobierno de Venezuela también estarían solicitando al líder criminal, pues el Tren de Aragua tendría su centro de operaciones en el vecino país y controlaría gran parte de los negocios ilícitos en esa Nación.
Pero Chile también está detrás de los cabecillas de la banda delincuencia. De hecho, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, emitió desde septiembre de 2023 una orden de detención judicial contra Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, señalado líder del Tren de Aragua.
A Guerrero Flores se le atribuyen múltiples delitos, incluidos homicidios, robos, secuestros y trata de personas. La orden de captura también se extendió a Edward Nava Navarro, jefe de plaza en Santiago y encargado de la distribución de drogas en la región metropolitana, que operaba como brazo derecho de Larry Changa en Chile entre 2016 y 2022.
Además, las actividades delictivas de Álvarez Núñez en Chile incluyen el arrendamiento de una casa en la calle Ramón Vinay en Santiago de Chile, donde estableció un local de comida rápida y una casa de cambio. Los ingresos de estos negocios se utilizaron para sustentar las operaciones del Tren de Aragua en Chile y lavar activos.
“Todas las rentas que daban estos negocios eran utilizadas para los cimientos del ‘Tren de Aragua’ en Chile y posteriormente se convirtieron en los mecanismos para lavar activos de la red”, indicó una fuente ligada a la investigación que obtuvo El Tiempo.
Asimismo, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) comenzó a seguir los movimientos financieros de Larry Changa al notar transferencias constantes de dólares hacia Venezuela. A mediados de 2021, su nombre figuró en la compra de dos automóviles, uno de los cuales apareció en la escena de un homicidio en la Región Metropolitana.
Incluso, la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, afirmó que haría cuanto fuera posible para conseguir la llegada de Larry Changa a su país. “Iniciaremos en tiempo récord la solicitud de extradición de ‘Larry Changa’. Esta persona es buscada por delitos que cometió en Chile. Está acusado de delitos muy complejos”, señaló.
De hecho, fue con una nota verbal a Colombia anunciando la solicitud de extradición del capturado, que la Fiscalía General de Colombia, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales y Diplomáticos, cambió el estatus de Larry, que hasta entonces permanecía como retenido por circular de la Interpol, pero pasó tener orden de captura.
Aunque todo estaba dado para que Chile se quedara con el líder criminal, una investigación de El Tiempo reveló que, de forma paralela, Venezuela también solicitó la extradición. El 12 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud mediante la Sala de Casación Penal, la cual declaró procedente solicitar a Colombia la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez para enjuiciarlo por delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, y lavado de activos.
En Venezuela, el expediente de Larry Changa indica que extorsionaba a comerciantes enviándoles fotos y videos donde se mostraba con armas de fuego y usaba artefactos explosivos para intimidar. “Deciden quitarles la vida a las víctimas en caso de no obtener resultados positivos”, se lee en el documento.
Con ambas solicitudes de extradición, el Ministerio de Justicia de Colombia recopila toda la información sobre Álvarez Núñez y los procesos en los países solicitantes. Los documentos serán presentados ante la Corte Suprema de Justicia para cotejar datos y confirmar la identidad del requerido y será el alto tribunal el que emitirá un concepto sobre la extradición, y de ser positivo, el Ejecutivo firmará y activará el proceso.
