En un giro controvertido en la política colombiana, el expresidente Álvaro Uribe lanzó graves acusaciones contra Juan Manuel Santos, también expresidente, alegando su coordinación directa en la entrada ilegal de fondos de Odebrecht en su campaña presidencial.
Según Uribe, quienes informaron sobre las sumas y los beneficiarios implicados en el escándalo afirmaron que “Santos coordinó todo”, y para evitar entregar las pruebas, insinuaron que esto podría llevar a la caída del “establecimiento”.
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La controversia se agudiza con la declaración de que los responsables de distribuir el dinero ilegal operaron en la Costa Caribe colombiana, presentando así un detallado mapeo de la corrupción que parece haber permeado diversos niveles de aquella campaña electoral. Se menciona también a un abogado de Odebrecht, que aparentemente identifica a Santos como el “Colombian official number 3″, implicando su figura en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.
“Y todavía más grave, los mismos que informaron sobre sumas y beneficiarios de pagos, afirmaron que Santos coordinó todo. Para no entregarnos las pruebas dijeron que se caería “el establecimiento”. ¿Y quién repartió los dineros en la Costa? Además, el abogado de Odebrecht afirma que Santos es el Colombian oficial number 3″, fueron las palabras exactas publicadas por el expresidente Uribe en su cuenta de X.
Este incidente no solo revuela el difícil panorama de la política colombiana ya que también tiñe de sospecha periodos gubernamentales completos, poniendo en jaque la confianza pública sobre el proceso democrático y la integridad de sus líderes. Juan Manuel Santos, galardonado con el Premio Nobel de Paz en 2016 por sus esfuerzos en llevar a cabo un acuerdo de paz con las FARC, se ve ahora enfrentado a renovadas cuestiones sobre la financiación de su campaña, arrojando sombras sobre su legado.
Este señalamiento de Uribe recalca la persistente sombra de Odebrecht en la política latinoamericana, donde múltiples gobiernos se han visto salpicados por las revelaciones de sobornos y financiamiento ilegal de campañas. La empresa brasileña, conocida por sus grandes obras de infraestructura en todo el continente, admitió ante la justicia estadounidense haber pagado más de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluida Colombia.
(RICARDO MALDONADO ROZO/)
Las reacciones ante estas declaraciones no se han hecho esperar, con el espectro político colombiano polarizándose aún más, entre defensores de la honorabilidad de Santos y aquellos que ven en las palabras de Uribe una confirmación de sus sospechas de larga data sobre la corrupción en los más altos niveles del gobierno. Este escenario plantea interrogantes críticos sobre la transparencia y la ética en la política, temas que sin duda se convertirán en ejes centrales en las próximas discusiones y análisis políticos en el país.
Las palabras de Germán Vargas Lleras
En una entrevista con Caracol Radio Germán Vargas Lleras defendió la transparencia de la campaña de Santos para su segundo mandato. “Odebrecht no financió a Santos” aseguró el exvicepresidente. Sin embargo, eso contradice las versiones entregadas por Odebrecht.
Lo anterior con base en las pruebas, pues estas incluyen la condena penal y sanción disciplinaria al gerente de campaña Roberto Prieto. Además, hubo entre otros, al menos US$1 millón para encuestas de la firma Padington y otros US$3,4 millones de Corficolombiana, socia de Odebrecht en Colombia, según confesión de esa firma ante autoridades de EE.UU.
Mientras tanto, las instancias judiciales pertinentes seguramente tomarán cartas en el asunto, abriendo investigaciones que podrían desembocar en consecuencias legales para los involucrados. La sociedad colombiana, por su lado, aguarda respuestas, ansiosa por entender la magnitud y el impacto de estas aseveraciones en su conjunto democrático, esperando, por sobre todo, que tales circunstancias conduzcan a una era de mayor transparencia y responsabilidad política.
Con todo, el caso Odebrecht en Colombia continúa develando capítulos que entrelazan políticos de primer nivel con prácticas corruptas, delineando un desafío significativo para el sistema judicial y el tejido social del país.
