El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de elevar al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos abierta a raíz de la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no alterará su trabajo al frente del Ministerio Público.
Así lo ha manifestado en un comunicado emitido este lunes, minutos después de que se diera a conocer que el TSJM ha enviado el asunto al Supremo para que decida si imputa o no al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por una nota de prensa publicada por la Fiscalía el pasado marzo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.
García Ortiz defiende que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada “no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución” ni “por supuesto” su “trabajo ordinario” como fiscal general.
Sobre este extremo, incide en que la exposición razonada del TSJM es “coherente” con la “falta de competencia” de dicho tribunal para investigarle o “para revelar sus correos o comunicaciones en el seno de la Fiscalía”. Y, aunque no hace referencia a ello en su nota, cabe recordar que el pasado junio el propio García Ortiz pidió al tribunal madrileño que elevara la causa al Supremo, órgano al que consideraba competente para asumir esta investigación.
DEFIENDE LA PUBLICACIÓN DE LA NOTA
Ahora, una vez que ha trascendido la decisión del TSJM de acudir al Supremo, el jefe del Ministerio Público insiste en que asume la “responsabilidad última” de la publicación de la nota de prensa que “desmentía informaciones falsas” en relación con un investigado –la pareja de Díaz Ayuso– por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.
En este sentido, reitera que la nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.
Así, García Ortiz recuerda que el deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es “un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro”.
“La difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública elaborados por el Ministerio Fiscal es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces”, recalca.
Sobre el caso de la nota relativa a González Amador, García Ortiz recuerda que el texto difundido no añadía “nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios”, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada y en otros divulgando el contenido literal de las comunicaciones.
“EXTRAÑEZA” POR LA IMPUTACIÓN DE LA FISCAL DE MADRID
Al margen, el fiscal general aprovecha el comunicado para mostrar su “extrañeza” por el hecho de que el TSJM haya acordado archivar el procedimiento para el fiscal de delitos económicos Julián Salto y no para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
“Ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatutarias y ejerce con profesionalidad y lealtad la jefatura”, señala.
Así las cosas, García Ortiz recuerda que en un escrito que envió al TSJM el pasado 10 de junio aseguraba que cuestionar la actuación de los fiscales jefes “por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador” era algo que no podía “consentir ni tolerar”.
