En un fallo histórico, el Primer Juzgado Civil de Bagua, en Amazonas, ha determinado que la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía (UNIFSLB) debe reincorporar a dos alumnas de origen awajún, Mirian Kayap Yagkikat y Lisett Tsejem Impi, tras haberlas discriminado durante el proceso de admisión.
La decisión, que se emitió el 18 de abril, resolvió a favor de las estudiantes criterios adicionales impuestos por la institución para postulantes de comunidades originarias de la Amazonía peruana.
Esto a pesar que ambas superaron el examen de admisión, pero fueron excluidas del proceso al no aprobar una entrevista personal y un examen adicional sobre conocimientos de su comunidad.
Por ello, las jóvenes —enfrentadas a la negativa de la universidad de matricularlas— optaron por la ruta legal en noviembre de 2023, culminando en este veredicto que marca un precedente en la lucha por los derechos educativos de las comunidades indígenas en el Perú.
Universidad incumplió principios de igualdad
El caso culmina tras una demanda de amparo interpuesta por las jóvenes, quienes argumentaron haber sido víctimas de discriminación.
Pues, si bien aprobaron el examen de admisión y realizar el pago de matrícula para la carrera de Administración de Negocios Globales, fueron informadas posteriormente de su no admisión por no haber superado la entrevista en lengua awajún. Dicho requisito, según el juzgado, incumple los principios de igualdad y no discriminación.
La resolución subraya el fallo de la UNIFSLB en honrar los derechos a la identidad y a la educación de las demandantes, acusando a la universidad de no adherirse a un enfoque adecuadamente intercultural en su gestión.
¿Por qué el caso es importante?
De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), la resolución del Primer Juzgado Civil de Bagua no solo implica la reconsideración inmediata de la situación académica de Mirian Kayap Yagkikat y Lisett Tsejem Impi, sino que también pone en cuestión las políticas de admisión de la UNIFSLB hacia estudiantes de comunidades originarias.
Asimismo, el caso resalta la importancia de asegurar que las prácticas y políticas universitarias se alineen con los principios de igualdad, no discriminación e interculturalidad, esenciales para garantizar el acceso equitativo a la educación superior para todos los sectores de la sociedad peruana.
Sobre ello, Isaac Peña Lobato, abogado del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene: “Estamos ante una sentencia emblemática por tres puntos. Primero, creo que refuerza la preponderancia de la autoidentificación (criterio subjetivo) para saber si estamos ante miembros de pueblos indígenas. No es el Estado ni el Poder Judicial quienes deben determinarlo, sino ellos mismos, en virtud de su derecho a la autonomía. En segundo lugar, promueve los derechos de la mujer indígena y su acceso a la educación”.
“Por último, la sentencia hace énfasis en que el reglamento de admisión de la universidad es discriminatorio. Mientras que a los postulantes mestizos solo se les pedía alcanzar el puntaje necesario para alcanzar una vacante, a los miembros de pueblos indígenas les pedían, además de ello, aprobar una entrevista en su lengua originaria en el que demuestren el conocimiento de sus costumbres y sus pueblos. En los hechos, hay un doble examen y una barrera más a las y los jóvenes miembros de pueblos indígenas que son, de por sí, población vulnerable”, agregó.
