La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este jueves investigar como crímenes de guerra las acciones llevadas a cabo por el Ejército de Israel para crear una ‘zona de amortiguación’ en el interior de la Franja de Gaza y ha recalcado que las mismas implican actos de destrucción arbitraria y castigo colectivo.
“La implacable campaña de devastación en Gaza es una destrucción arbitraria. Nuestra investigación muestra que las fuerzas israelíes han arrasado edificios residenciales, obligado a miles de familias a abandonar su hogar y convertido sus tierras en inhabitables”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“Nuestro análisis revela una constante a lo largo del perímetro oriental de Gaza que concuerda con la destrucción sistemática de un área completa. Estas viviendas no se destruyeron como resultado de un intenso combate, sino que las Fuerzas Armadas israelíes arrasaron deliberadamente las tierras después de hacerse con el control de la zona”, ha sostenido.
Así, ha incidido en que “la creación de una ‘zona de amortiguación’ no debe equivaler al castigo colectivo de la población civil palestina que residía en esos barrios” y ha reiterado que “las medidas que tome Israel para protegerse de los ataques desde Gaza deben ser conformes a las obligaciones de Derecho Internacional, incluida la prohibición de destrucción arbitraria y castigo colectivo”.
La ONG ha recalcado que, según sus investigaciones, las tropas israelíes han destruido tierras agrícolas y edificios civiles con excavadoras y explosivos, incluida la destrucción de barrios enteros en la zona y de viviendas, escuelas y mezquitas.
El análisis de las imágenes por satélite y los vídeos publicados por militares israelíes en redes sociales entre octubre de 2023 y mayo de 2024 –entre ellos algunos en los que los soldados posan o celebran el derribo de edificios– muestran terrenos arrasados de entre uno y 1,8 kilómetros de ancho en la frontera.
Amnistía Internacional ha recordado que las propias autoridades israelíes han reconocido la destrucción de estructuras en la zona citando motivos de seguridad, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.
En este sentido, ha reseñado que la ‘zona de amortiguación’ instaurada por Israel abarca unos 58 kilómetros cuadrados, lo que equivale a cerca del 16 por ciento de la Franja. En esa zona, más del 90 por ciento de los edificios –más de 3.500– han sido destruidos o han sufrido graves daños, mientras que más de 20 kilómetros cuadrados de campos de cultivo –el 59 por ciento del total en el área– se han visto impactados.
La ONG ha dicho que, en las cuatro zonas investigadas, la destrucción se llevó a cabo después de que las tropas israelíes se hicieran con el control operativo, por lo que no fue causada por combates entre los militares y los grupos palestinos, sino por acciones llevadas a cabo de forma “deliberada” y “sistemática”.
De esta forma, ha argumentado que si bien es “probable” que las facciones palestinas usaran “algunas” de las estructuras destruidas en el pasado, esto no convierte automáticamente a las mismas en objetivos militares, al tiempo que ha insistido en que “la demolición punitiva de bienes civiles únicamente porque los hayan utilizado grupos armados está prohibida como forma de castigo colectivo”.
“Si las Fuerzas Armadas israelíes creían que existía la necesidad militar de establecer una ‘zona de amortiguación’ para proteger a la población en Israel frente a ataques de grupos armados, aparentemente había otras opciones en territorio israelí que permitirían lograr ese objetivo de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y las obligaciones de Israel como potencia ocupante”, ha explicado Amnistía Internacional.
Por ello, ha insistido en un comunicado que “ante la viabilidad de estas otras opciones y la negativa a llevarlas a cabo, la extensa destrucción sistemática es desproporcionada para cualquier posible propósito militar legítimo”.
EL CASO DE LA LOCALIDAD DE JUZAA
Amnistía ha citado como ejemplo de estas denuncias la situación en la localidad de Juzaa, situada en la gobernación de Jan Yunis (sur) y que era hogar de unos 11.000 palestinos antes del inicio de la ofensiva. Así, ha especificado que en las siete semanas posteriores al 7 de octubre fueron destruidas o dañadas 178 estructuras, según imágenes por satélite, si bien la destrucción “más significativa” arrancó tras la entrada de las tropas israelíes a finales de diciembre.
El comandante de la División de Gaza del Ejército de Israel, Avi Rosenfeld, afirmó el 27 de diciembre que las tropas lucharían “con todas sus fuerzas para eliminar a los terroristas que se esconden encima y debajo de la tierra” en Juzaa, tras lo que un soldado publicó varios vídeos con demoliciones de viviendas con explosivos.
En este sentido, ha reiterado que las imágenes por satélite y los vídeos demuestran que fueron destruidos cientos de edificios residenciales, un cementerio y una escuela, después de que las Fuerzas Armadas aseguraran haber demolido “cientos de infraestructuras terroristas”.
Salem Qudeih, un profesor que vivía en Juzaa, ha destacado que los bombardeos empezaron el 8 de octubre, fecha en la que murieron varios de sus familiares. “Después de eso todos abandonamos la zona, incluido todo mi círculo familiar. Somos más de 500 familias”, ha relatado en declaraciones a Amnistía Internacional.
“Hace poco, mi hijo fue a ver qué había pasado con nuestra casa y descubrió que era prácticamente la única que seguía en pie en la zona, pero que estaba muy deteriorada. Alrededor no hay más que destrucción”, ha lamentado. “Gran parte de los alimentos de Gaza procedían de nuestra zona. La gente no sólo ha perdido su hogar, sino también sus medios de subsistencia. Gaza entera se ha quedado sin producción alimentaria”, ha añadido.
DESTRUCCIÓN DE NORTE A SUR
Amnistía ha incidido en que otras comunidades palestinas en distintos puntos del enclave han sufrido una destrucción similar, entre ellas el barrio de Shujaiya, uno de los más grandes de la ciudad de Gaza (norte), donde entre noviembre y enero se destruyeron o dañaron gravemente más de 750 estructuras en la ‘zona de amortiguación’, según datos de Naciones Unidas.
Además, en esas mismas fechas fueron arrasados los alrededores y el este de los campamentos de refugiados de Al Bureij y Al Maghazi, en el centro de Gaza y ha recalcado que Israel “no aportó prueba ni explicación alguna acerca de la necesidad militar imperiosa” de destruir estas áreas.
Igualmente, ha indicado que los pueblos de Al Sureij y Abasan al Kabira, situados más al sur –al este de Jan Yunis–, sufrieron episodios similares de destrucción, donde las tropas israelíes lograron avances a finales de febrero de 2024. “El periodo coincide con la demolición de la mezquita de Omar bin Abdulaziz”, ha recordado.
Por todo ello, ha insistido en que el Derecho Internacional Humanitario, “que se aplica en situaciones de conflicto armado, incluso durante la ocupación militar”, está integrado por “normas cuyo objetivo principal es limitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado”.
