La comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) ha aprobado este jueves su plan de trabajo, que incluye reclamar al Gobierno que desclasifique documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a Abdelbaky Es Satty, el imam de Ripoll que supuestamente había sido confidente de los servicios de espionaje y que murió en la explosión de Alcanar (Tarragona) que precipitó el ataque terrorista.
El plan de trabajo, pactado por PSOE, Sumar y Junts, ha salido adelante a puerta cerrada con el apoyo de Bildu y PNV y a partir ahora se intentará organizar un listado de comparecencias. Su próxima reunión se prevé para el 8 de octubre y lo primero deberá ser pedir al Pleno del Congreso la prórroga de los trabajos.
Esta comisión de investigación, junto con la que volverá a indagar en la llamada ‘Operación Cataluña’ y una tercera sobre el espionaje a independentistas con el programa ‘Pegasus’, fueron pactadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023 a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Las tres se constituyeron a finales del pasado mes de febrero, pero ninguna había llegado a empezar a trabajar, aunque en todas los grupos ya registraron sus propuestas de planes de trabajo y sus respectivos listados de comparecientes.
PLAN DE TRABAJO, AL SEGUNDO INTENTO
La comisión de los atentados del 17A, que preside el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, ya intentó la pasada primavera aprobar un plan de trabajo, pero la falta de consenso lo hizo imposible.
Meses después se ha logrado sacar adelante una hoja de ruta con el objetivo de “saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas, o de cualquier otra índole, y proponer medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas por los atentados, así como para los familiares de las personas que fallecieron”.
De entrada, se solicita al Consejo de Ministros “la desclasificación de la información reservada o secreta que pueda existir en relación a los atentados de los días 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils”.
En concreto, se pide conocer “la información por parte del CNI del registro de visitas a Es Satty en la prisión de Castellón por parte de los miembros de los servicios secretos y la transcripción de las entrevistas mantenidas por el CNI”, así como el permiso de residencia de larga duración del imam, su expediente de solicitud de residencia, y la prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca Mercedes BENZ que estaba a su nombre y que se encontró en San Carlos de La Ràpita días después de la explosión en Alcanar.
COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DE SECRETOS
Además, la comisión reclama la circular policial, si la hubo, advirtiendo de la aplicación del Reglamento europeo sobre precursores de explosivos, los vídeos y pruebas de voz de los testigos, información de las alertas de amenazas terroristas de los años previos, los acuerdos de las Juntas de Seguridad Autonómicas sobre coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra.
A partir de ahí, la mesa de la comisión irá fijando comparecencias, que si el Gobierno no ha dado vía libre a la desclasificación de documentos, podrían tener que celebrarse en la Comisión de Secretos Oficiales a la que sólo pueden asistir los diputados (el portavoz de cada grupo) autorizados por el Pleno para conocer la información clasificada y controlar el CNI.
Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar (Barcelona) el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y en ataque llevado a cabo en Cambrils ya el día 18. En total fueron asesinadas 16 personas.
LA CONEXIÓN DEL CNI, UNA IDEA ALENTADA POR VILLAREJO
La explosión de Alcanar fue investigada por los Mossos d’Esquadra, que entonces dependían del Govern independentista que presidía Carles Puigdemont, pero en esas primeras horas no se trató como una explosión terrorista, sino como un accidente por acumulación de bombonas de butano. Los planes de los socios del Gobierno no inciden en eso y optan por centrarse en apuntar contra el CNI.
Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un “susto” al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión.
Según su tesis, esos atentados habrían sido un “error” de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible “comando ficticio” para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll.
NADA QUE VER CON LOS ATENTADOS
El CNI señaló desde el primer momento que se contactó con el imán “siguiendo los protocolos” cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero recalcó que Es Satty en ningún caso fue un confidente.
En este contexto, desde el Gobierno remarcan que el CNI no tuvo nada que ver con esos atentados e incluso ponen en duda que custodie algún documento sobre de los mismos más allá de algún dato sobre el seguimiento de los ataques. En todo caso, subrayan que no van a poner ningún impedimento a cualquier desclasificación.
