La compra de un vehículo por parte de Daniel Frías Toral, candidato a Defensor Público en Ecuador, ha suscitado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en la transacción. Frías adquirió un Toyota Sequoia vinculado a la red de Xavier Jordán, quien está siendo procesado en el caso Metástasis y es conocido por sus vínculos con Leandro Norero, un narcotraficante. El vehículo fue comprado por USD 9.100 en 2023, y la relación de Frías con el vendedor, José Salinas Lindao, ha generado inquietudes. Además, este automóvil, cuyo valor en el mercado supera los USD 20.000, fue utilizado previamente por el ex legislador correísta Ronny Aleaga, quien también está siendo investigado en el caso Metástasis y actualmente se encuentra prófugo, posiblemente en Venezuela, según denunció su ex esposa.
Frías es el candidato mejor calificado para el puesto de Defensor Público y cuenta con experiencia previa como director provincial del Consejo de la Judicatura en Los Ríos. Si logra ganar el actual concurso de Defensor Público podría elegir a uno de los vocales para la Judicatura, una institución que ha sido penetrada por la corrupción y los nexos con el narco, según los casos Metástasis, Purga, Plaga y otros.
La trama del vehículo fue revelada por Expreso, gracias a la investigación de Sara Ortiz, una periodista contra la cual Jordán planeaba un atentado, según se lee en las comunicaciones públicas que se extrajeron del teléfono del narco asesinado Norero. Según el reportaje en mención, hay documentos públicos que revelan una asociación empresarial entre Frías y Salinas que se extiende a lo largo de más de diez años, planteando interrogantes acerca de la independencia de la compra. Además, Frías y Salinas comparten varias empresas como Ecuador Consulting S.A. y ECGCAP S.A, donde comparten las mismas direcciones físicas, correos electrónicos y hasta contados.
La falta de pago de impuestos por parte de Salinas desde 2017 y su descripción como estudiante universitario también han suscitado inquietudes sobre su solvencia financiera y capacidad como vendedor. Al ser consultado por Expreso, Frías indicó que el vehículo por el cual se levantan sospechas en su contra ya no está en su poder. Según el aspirante a Defensor Público, tuvo el auto por un año y luego lo vendió. Sin embargo, “ese traspaso no está registrado en la Agencia Nacional de Tránsito, pues hasta el 1 de mayo de 2024 aparece el bien a su nombre. También las infracciones de 2024 salen a su nombre”, se lee en el reportaje de Ortiz.
Además, en los chats de Norero se lee que Jordán pidió un carro blindado para “el ruso”, como le llamaban a Ronny Aleaga. Para conseguir el vehículo Norero pidió a Jordán una cédula de identidad de una tercera persona para hacer el traspaso del automóvil. Jordán envió dos identificaciones al narco. Con una de ellas se registró el vehículo que fue utilizado por Aleaga y luego adquirido por Frías, según Expreso.
El crimen organizado inflitró la institucionalidad ecuatoriana
Los contundentes operativos del 14 de diciembre de 2023 y del 4 de marzo de 2024 mostraron la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones ecuatorianas. La red de favores ilegales encabezada por un narco asesinado y sus socios, así como el manoseo de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país dan prueba del debilitamiento del Estado, del desgaste de la política y de cómo ciertos los funcionarios públicos eran serviles a los criminales.
El asesinato de Leandro Norero, un narcotraficante que cayó preso en Ecuador luego de fingir su muerte en Perú, permitió que la Fiscalía revisara las conversaciones que mantuvo desde sus dispositivos móviles. Los chats salpicaron a políticos, funcionarios, jueces, abogados e incluso a un periodista. Esas comunicaciones fueron claves en el caso Metástasis –el “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”, según la Fiscalía– que permitió el arresto de 31 de los 38 vinculados entre ellos el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex general de Policía, Pablo Ramírez, que fungió como director antinarcóticos y director del servicio de cárceles del país.
Las comunicaciones e indicios de Metástasis derivaron en el caso Purga, que pretende probar los nexos de la justicia, la política y el narcotráfico que operaban desde la Corte Provincial del Guayas. En ese tribunal se compraban jueces, se interfería en sorteos y se fallaba a favor de los involucrados en la estructura denunciada por el Ministerio Público.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lidera ambos procesos dirigidos contra las redes del crimen organizado arraigadas en el país. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Para resguardarse, la fiscal utiliza un chaleco antibalas y se desplaza acompañada de un grupo policial que porta armas largas. En los alrededores de su oficina, se han colocado vallas y una tanqueta como medidas adicionales de seguridad. Según algunos expertos, el equipo de protección de la fiscal incluso cuenta con francotiradores.
De acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”.
