Arizona está cada vez más cerca de adoptar una ley inspirada en Texas que ordena a las fuerzas del orden detener a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente, el último esfuerzo de los líderes republicanos del estado para desafiar la autoridad federal en materia de inmigración.
Se espera que la legislatura estatal apruebe el martes una resolución que enviaría la medida a los votantes del estado para su aprobación en noviembre. La resolución imita la Ley 4 del Senado de Texas y es similar a un proyecto de ley promulgado recientemente en Luisiana.
En el último año, las asambleas legislativas de Iowa y Oklahoma también han promulgado leyes que reflejan partes de la controvertida ley de Texas, que está siendo impugnada ante los tribunales. Mientras tanto, los legisladores de Tennessee, Florida y Georgia adoptaron medidas para sancionar y denunciar más fácilmente a los inmigrantes indocumentados ante las autoridades federales.
La constitucionalidad de los estatutos más parecidos a la ley de Texas depende del caso ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Quinto Circuito. En ese caso, los opositores sostienen que la Ley 4 del Senado es inconstitucional porque usurpa la autoridad federal en la aplicación de las leyes de inmigración. Los líderes del estado de la Estrella Solitaria han expresado su voluntad de desafiar la supremacía del gobierno federal en materia de inmigración hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En Arizona, es probable que la propuesta de votación despierte la oposición de los mismos grupos que ayudaron a los demócratas a ganar a lo grande en 2020 al oponerse a otro controvertido proyecto de ley estatal relacionado con la inmigración aprobado hace más de una década. El referéndum podría tener implicaciones políticas más amplias en un estado decisivo en las elecciones presidenciales.
“Creemos que este tipo de proyectos de ley van a galvanizar a los votantes latinos para que se presenten en las urnas y rechacen no solo esta propuesta, sino también a los arquitectos del proyecto de ley”, dijo César Fierros, portavoz de Living United for Change en Arizona, una organización de defensa de los inmigrantes.
El grupo es uno de los varios que impugnaron la controvertida ley de Arizona “muéstrame tus papeles”, o S.B. 1070. El Tribunal Supremo anuló la mayoría de las disposiciones de la legislación, pero mantuvo los controles de inmigración.
Tal y como está planteada, la Ley para Asegurar la Frontera de Arizona tipificará como delito estatal el cruce ilegal de la frontera y permitirá a los jueces estatales ordenar deportaciones. También incluye nuevas penas para cualquier inmigrante indocumentado al que se descubra recibiendo prestaciones públicas de forma fraudulenta, vendiendo fentanilo o trabajando sin autorización.
La propuesta es una recopilación de varias medidas fronterizas rechazadas por la gobernadora Katie Hobbs (demócrata) a principios de este año. Los republicanos esperan que los votantes la apoyen.
El representante estatal republicano Alexander Kolodin, un abogado que fue sancionado por el Colegio de Abogados del Estado de Arizona por representar a demandantes en pleitos infundados que impugnaban los resultados de las elecciones de 2020, dijo que la medida electoral es una respuesta a los “fracasos” de la administración de Biden a la hora de defender la ley federal.
“El gobierno federal es el único regulador de la política de inmigración establecida por el Congreso, diciendo que la inmigración ilegal es un delito”, manifestó Kolodin. “El Congreso dijo que es un delito. Nosotros también pensamos que es un delito y sólo permitimos que nuestra gente también lo haga cumplir”, agregó.
Los críticos dicen que el referéndum es un intento desesperado de los republicanos por aumentar la participación electoral en un año electoral que puede acabar con sus escasas mayorías en ambas cámaras legislativas.
Los arizonenses podrían tener que lidiar con al menos una docena de medidas propuestas en las urnas. Los demócratas que se oponen al proyecto de ley de inmigración están preocupados de que los votantes, sin darse cuenta, decidan aprobar la medida para pasar rápidamente por una votación excepcionalmente larga sin entender las consecuencias.
El senador estatal demócrata Flavio Bravo desestimó el esfuerzo del referéndum como una estratagema política de los republicanos que no hace nada para resolver los problemas reales.
“Están tratando de aferrarse a su poder y van a poner esto en la espalda [de] los inmigrantes”, dijo Bravo. “No se trata de seguridad fronteriza”, añadió.
El gobernador, los demócratas, los líderes empresariales de Arizona y algunas fuerzas del orden del estado, incluidas las que están cerca de la frontera, se han opuesto al proyecto de ley.
Los defensores sostienen que conducirá al mismo tipo de perfil racial que la ley de 2010 permitió y perjudicará a las familias, en particular aquellas en las que algunos miembros son indocumentados, pero otros están en la nación legalmente. Las medidas relativas al fraude, por ejemplo, podrían confundir a los padres con hijos nacidos en Estados Unidos, que podrían renunciar a los beneficios públicos, incluso si sus hijos son elegibles, dijeron los legisladores.
El senador estatal republicano Ken Bennett expresó preocupaciones similares. Se comprometió a no votar a favor del referéndum a principios de esta primavera a menos que sus colegas eliminaran una disposición que permitía a las fuerzas del orden aplicar retroactivamente la ley contra personas como los “Dreamers”. Esa medida, que habría penalizado a los jóvenes inmigrantes protegidos por la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fue eliminada posteriormente del proyecto de ley.
También impulsó enmiendas que cree que evitarán comportamientos discriminatorios por parte de las fuerzas del orden.
Según la propuesta actual, la policía estatal y local tendría que presenciar personalmente a alguien que cruza la frontera fuera de un puerto de entrada, ver un vídeo de ello o conseguir algún otro indicio «constitucionalmente suficiente» de que entró ilegalmente. Los motivos de la causa probable son más vagos en Texas, donde la forma en que los inmigrantes serán identificados por las fuerzas del orden en virtud de la ley S.B. 4 sigue siendo un importante punto de controversia.
Los inmigrantes a los que se sorprenda cruzando ilegalmente por el sur de Arizona se enfrentarán a un cargo de delito menor para la primera infracción y a un delito grave para los intentos posteriores.
“Sin una ley estatal, todo lo que los diputados y la policía en la frontera pueden hacer es llamar a la Patrulla Fronteriza, que está tan abrumada que no puede llegar durante horas o incluso días”, dijo Bennett. “Esto es añadir una herramienta muy estrecha para atrapar a alguien en el acto. Más allá de eso, este no es un proyecto de ley para detener a personas con base en un perfil racial y preguntar sobre su presencia ilegal”.
A lo largo de la frontera suroeste, Arizona ha registrado el mayor número de encuentros fronterizos en los últimos meses. Las rutas migratorias se han alejado de Texas, donde los cruces han disminuido en gran medida desde el pasado otoño, según datos federales.
El representante estatal demócrata Oscar De Los Santos dijo que aún no cree que el lenguaje sea lo suficientemente claro como para evitar la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden. Dijo que se ha reunido localmente con varios grupos de activistas de inmigración y que se están preparando para impugnar la medida en los tribunales, con la esperanza de evitar que se coloque en la boleta electoral.
“Realmente parece que estamos en los días de la S.B. 1070″, afirmó.
Los republicanos han incluido un lenguaje en el proyecto de ley que daría a los líderes de las minorías una autoridad sin precedentes para defender la ley en los tribunales en caso de que pierdan el control de cualquiera de las cámaras en noviembre.
“Normalmente, el lenguaje ha sido que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado pueden intervenir en nombre de una ley”, dijo De Los Santos. “Están introduciendo explícitamente una nueva disposición que nunca antes habíamos visto. Está claro que les aterra lo que pueda pasar en noviembre”, agregó.
La propuesta necesita una mayoría simple en la Cámara estatal para ser aprobada. Un solo voto en contra de un republicano podría hacerla descarrilar. El Senado ya ha dado su visto bueno al proyecto de ley. Un análisis del presupuesto del estado dijo que la aplicación de la ley costaría más de USD 300 millones en un momento en que Arizona se enfrenta a déficits presupuestarios estructurales. El análisis también señaló que el estado podría ahorrar dinero con la reducción de los niveles de inmigración.
Dave Wells, director de investigación del Grand Canyon Institute, un centro de estudios sin fines de lucro, dijo que varias iniciativas de voto podrían atraer a los demócratas a las urnas, pero si eso es suficiente para que puedan retomar el control de la legislatura estatal aún está por verse. El GOP ha tenido en gran medida el control ininterrumpido de la legislatura desde la década de 1960, y las victorias demócratas previstas no se han materializado en varias ocasiones.
El proyecto de ley de inmigración podría desempeñar un papel importante a la hora de llevar a los votantes a las urnas, sobre todo a los votantes latinos jóvenes. Los republicanos representan el mayor grupo de votantes registrados en el estado y están unánimemente descontentos con los asuntos fronterizos. La desaprobación de la gestión demócrata de los asuntos de inmigración se extiende por todo el espectro político del estado.
Pero los votantes independientes, que constituyen más de un tercio del electorado, son menos partidarios de aprobar medidas extremas o planes de deportación, según la politóloga de la Universidad de Arizona Samara Klar.
“Va a ser una elección muy reñida”, dijo Wells. “Los votantes tienen una memoria muy corta y, hoy en día, gran parte de las elecciones consisten en atraer a tu base”.
(*) The Washington Post
