El Gobierno en funciones de Bangladesh que dirige el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, ha firmado el instrumento de acceso a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y establecido una comisión para investigar estos casos en el país durante los 15 años de mandato de su predecesora, la ex primera ministra Sheij Hasina.
La organización humanitaria Odijar, una de las más reconocidas del país, estima al menos 708 casos de desapariciones forzadas durante la última etapa de Hasina en el poder, desde 2009 hasta su huida del país en el apogeo de las protestas nacionales del mes pasado, primero contra una polémica cuota laboral para funcionarios y después generalizadas contra el Gobierno y la mandataria.
La adhesión de Bangladesh a la convención representa un primer intento de llenar un vacío legal porque la ley nacional de Bangladesh no refleja el crimen de desaparición forzada. La incorporación a esta doctrina obliga a las autoridades a incorporar protecciones en su propia legislación no solo contra este crimen, sino contra el delito de tortura, de cuya convención internacional, de la que el país también es parte, emana este tratado internacional contra las desapariciones forzadas.
Con la firma de este mecanismo, Bangladesh se convierte así en el primer país del sureste de Asia que pasa a formar parte de los nueve tratados fundamentales.
Para Amnistía Internacional, la firma de esta convención “es un primer paso muy bienvenido en el largo camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias en Bangladesh”.
“De cara al futuro, el gobierno interino debe trabajar de manera proactiva para lograr la plena aplicación de la Convención”, añade Amnistía, que llama igualmente a “ratificar y promulgar una legislación interna sólida que reconozca la naturaleza continua del delito y tenga en cuenta los incidentes de desapariciones forzadas que ya han ocurrido antes de su promulgación”.
