La Cancillería de Colombia está explorando soluciones para la continuidad en la expedición de pasaportes tras el vencimiento del contrato con Thomas Greg & Sons fechado para el miércoles 2 de octubre.
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De acuerdo con la información disponible, el canciller Luis Gilberto Murillo anticipó que esta semana se anunciará la empresa encargada de la impresión de pasaportes una vez finalice el contrato vigente. Además, las compañías Veridos de Alemania y una firma portuguesa ya realizaron pruebas de impresión en laboratorios de Migración Colombia.
Se están evaluando nuevas empresas proveedoras, entre las cuales destacan firmas de Países Bajos, Canadá y una alianza entre Portugal y Francia.
Asimismo, se confirmó que para abordar la continuidad del contrato y otros temas, la Cancillería ha iniciado contactos oficiales con Thomas Greg & Sons. Las reuniones programadas incluirán la discusión sobre la posible retirada de la demanda que Thomas Greg interpuso contra el Estado colombiano por incumplimiento del contrato anterior. Además, se busca establecer mesas de trabajo con la participación de órganos de control.
El interés de la Cancillería por renovar temporalmente el contrato también se refleja en una comunicación enviada a Thomas Greg hace 12 días, solicitándoles cotizaciones para la impresión de pasaportes y visas. Esto fue confirmado por fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores a El Tiempo.
(Ricardo Maldonado Rozo/)
El diario también reportó que, en medio de las discusiones, se está evaluando una posible conciliación respecto a la licitación que el exministro Álvaro Leyva declaró desierta, decisión que inicialmente había favorecido a Thomas Greg y que podría costarle $117.000 millones al Estado colombiano.
A principios de semana, representantes de la Cancillería y Thomas Greg ya se habían reunido para encontrar soluciones al problema del agendamiento de citas para la renovación y expedición de pasaportes, una tarea que había sido retirada de la gestión de la compañía. Thomas Greg actualmente no controla este proceso.
Con el vencimiento inminente del contrato, la opción de continuar con Thomas Greg, aunque sea de forma temporal, es uno de los temas centrales en las discusiones. La empresa se ha mostrado dispuesta a escuchar las condiciones para una posible extensión del acuerdo actual, proporcionando así una posible solución al vacío administrativo que podría generarse.
Además, se está considerando que, a partir de 2025, la Imprenta Nacional se encargue de la producción de pasaportes, con el apoyo de algunos de los países mencionados. En todo caso, el canciller Luis Gilberto Murillo ha adoptado un enfoque más conciliador que su predecesor, buscando resolver el conflicto de manera amigable.
Estas medidas son cruciales para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes y asegurar una solución apropiada a los conflictos legales con Thomas Greg & Sons. El proceso de negociación y evaluación busca mitigar los efectos negativos sobre los servicios consulares y proporcionar una conclusión definitiva a este complejo escenario.
Las decisiones de Álvaro Leyva
Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, enfrentó una intensa controversia tras declarar desierta una licitación crucial para la producción de pasaportes en septiembre de 2023. Esta decisión, tomada bajo la política del presidente Gustavo Petro de no adjudicar contratos en licitaciones con un solo oferente, generó un conflicto con la empresa Thomas Greg & Sons, que era la única proponente que cumplía con los requisitos.
La decisión tuvo varias consecuencias importantes, incluyendo una demanda millonaria y una investigación disciplinaria. Thomas Greg & Sons presentó una demanda contra el Estado colombiano argumentando que la decisión de Leyva les había causado daños sustanciales. Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades o abuso de poder en la resolución de Leyva.
La situación escaló hasta el punto de afectar la continuidad en la producción de pasaportes, generando preocupación y críticas desde diversos sectores. Además, también ocasiono el despido de José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería y de Martha Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Estas decisiones y sus repercusiones destacan la complejidad y los desafíos inherentes a la contratación pública, especialmente en contextos donde se aplican políticas estrictas sobre la adjudicación de licitaciones. La controversia también muestra la importancia de la transparencia y la buena gobernanza en la administración pública, elementos vitales para evitar conflictos legales y proteger los intereses del Estado y sus ciudadanos.
