La disputa por la distribución de alimentos para los sectores más vulnerables entre el Gobierno y los movimientos sociales lleva meses y tuvo derivaciones judiciales y políticas. El juez Sebastián Casanello, a instancia del abogado y precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois, solicitó, a través de una medida cautelar, la entrega de los casi seis millones de kilos de mercadería almacenados en los depósitos que Capital Humano tenía en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. También se demandó que se especifique el “cronograma de entregas”.
A través de la subsecretaría Legal, a cargo de Leila Gianni y de Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídico de la cartera, se le recordó a la Justicia que es “potestad del Poder Ejecutivo la implementación de programas de seguridad alimentaria” y no “del Poder Judicial”. También que sólo a los “comedores verificados” se les brindaría “asistencia directa a través del programa Alimentar Comunidad”.
Por último, precisó que los alimentos serían distribuidos “en escuelas vulnerables” y que para establecer el porcentaje de distribución de los alimentos que le corresponden a cada provincia, se utilizó el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE), el cual ofrece “una aproximación para establecer los niveles de vulnerabilidad, en función de las condiciones de vida o situación de los hogares con integrantes en edad escolar que residen en las provincias”.
Los millones de kilos de alimentos
Según la información que ya está en la Justicia y los datos a los que accedió Infobae, solo falta distribuir el 14% de los alimentos almacenados que fueron destinados a ese fin. Es decir que el 86% ya fue entregado.
-¿Cuándo repartirán la porción que resta?-preguntó este medio.
-Si le doy una fecha estaría mintiendo. Ya está conveniado el cien por cien. Depende de la logística de cada provincia. De todas maneras la inmensa mayoría de los alimentos ya llegó a destino.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello también revelaron un dato hasta ahora desconocido. Después del fallo judicial Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo, se adquirieron 2.545.022 para utilizar en casos de emergencia.
Pasando en limpio, al 28 de agosto, las cifras son las siguientes:
- La cantidad de kilos que se encontraban disponibles para el convenio por escuelas vulnerables era de 2.583.221 kilos.
- La Cantidad entregada es: 2.230.573 kilos. Esta cifra equivale al 86% del total de alimentos del convenio de escuelas vulnerables.
- Queda un pendiente para retirar por parte de las provincias de 352.648 kilos. Esto equivale al 14% del monto original.
- En los depósitos hay en existencia de 3.036.685 kilos de “yerba mate con palo judicializada” que “no se puede entregar aún, porque faltan los resultados de laboratorio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El organismo debe certificar que ese alimento, adquirido por la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, sea “apta para consumo humano”, ya que existen dudas sobre su calidad de orígen.
Es decir que, entre los alimentos heredados de la administración anterior, los adquiridos por la actual y la yerba observada, en los galpones había 8.164.928 kilos de alimentos. De ese total, 2.545.022 kilos están reservados para situaciones de emergencia o catástrofe -el gobierno de Alberto Fernández también tenía reservas para ese fin- y 352.648 kilos están disponibles para las escuelas vulnerables. La yerba, por ahora, no se puede tocar.
Bajo la modalidad de emergencia, el 28 de julio, el Gobierno Nacional, a través de un trabajo coordinado entre Capital Humano, el Ministerio de Defensa y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, envió a Santa Cruz y Chubut dos aviones Hércules con ropa, insumos y asistencia; también camiones con ropa y zapatillas a Río Negro y Neuquén, en el marco del temporal más grave de los últimos 60 años.
Cruces verbales
Desde Capital Humano entienden que una vez que se entregue el cien por cien de los alimentos que fueron judicializados, “la causa debe cerrarse porque cayó el objeto procesal”, y “se cumplió con la manda judicial que era la distribución de los alimentos”.
Los abogados de Grabois, también referente de Argentina Humana y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), tienen una visión contrapuesta. “Nosotros estamos denunciando el desfinanciamiento de la política pública, de los comedores”. Y opinan: “No solo que no están entregando, sino que no están comprando”.
En diálogo con Infobae, la secretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, desestima de plano ese hecho. “Trabajamos para que las familias argentinas coman en sus casas, no en los comedores comunitarios”, opina y brinda los siguientes datos:
-Se aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH).
-El monto de la Tarjeta Alimentar era de $22.000 en diciembre de 2023, y hoy es de $52.259. Con asistencia (AUH+Tarjeta Alimentar) se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años.
-Actualmente se atiende a 4223 comedores, cuya existencia está comprobada, y se está avanzando para incorporar más espacios comunitarios a este esquema.
-A partir de agosto se incrementó un 40% la cápita de las raciones y los módulos alimentarios y se aumentó las calorías.
-Las calorías de los almuerzos y cenas pasaron de 277 a 386 por persona.
-En noviembre de 2023, con una inflación que alcanzaba el 15% mensual, la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 64.3% de la canasta básica. Hoy, con una inflación del 4.6%, ambas prestaciones cubren el 86.4%.
Para Nano Lembo, “estos números desmienten las acusaciones que indican que se desatendió la seguridad alimentaria, por el contrario, las acciones llevadas adelante por este Gobierno condujeron a una mejora en la capacidad de compra que puede medirse cuantitativamente”.
“Contala como quieras Pettovello, pero repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa”, disparó Grabois desde sus redes sociales contra la funcionaria de Javier Milei. E insistió: “Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional”
La respuesta de la funcionaria nacional no se hizo esperar: “Vamos a solucionarle los problemas a la gente, pero no nos vamos a dejar extorsionar por los gerentes de la pobreza que manipulan la voluntad de los que más necesitan”.
En su primera entrevista concedida a LN+, recordó: “Alguien, que sabe mucho del tema social, me comentó que -en la gestión anterior- compraban fideos de segunda o tercera calidad para la gente. Nosotros pensamos la política alimentaria de otro modo, que los chicos se puedan nutrir adecuadamente y que no se hagan negocios con los alimentos. Es abominable aprovechar la vulnerabilidad de la gente para hacer negocio”.
También explicó que los dirigentes sociales, como Grabois, “reaccionan así porque le quitamos el poder de extorsión que tenían sobre los más vulnerables, le quitamos la tercerización de los alimentos y sobre los planes sociales. Ya no pueden extorsionar a la gente para que vayan a las marchas a cambio de un plan o un bolsón de comida. Se les terminó el curro”.
Como informó este medio, una auditoría de Capital Humano determinó que solo el 7% de los alimentos que eran distribuidos por los movimientos sociales y piqueteros eran rendidos, es decir que se conocía “la trazabilidad”. También que la mayoría de los comedores que habían inscripto en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos “no existían”. Y que por eso solo se iban a asistir a los “verificados”.
Guillermo Francos, el Jefe de Gabinete, también fue concluyente cuando se lo consultó sobre el tema desde Radio Mitre: “La intención del Gobierno es terminar con la intermediación parasitaria. Es lo que hace la ministra Pettovello”.
Más allá del fuego cruzado entre oficialismo y oposición, la realidad está en la calle. Para los dirigentes sociales y piqueteros, que fueron los más beneficiados con subsidios y convenios a través de sus cooperativas durante la gestión de Alberto Fernández -algunos incluso eran funcionarios- la asistencia alimentaria es escasa o “inexistente”. Para el Gobierno, según explicaron desde la Casa Rosada a este medio: “Al eliminar la intermediación de organizaciones, se redujo la discrecionalidad y los costos administrativos. La gestión directa facilita un mayor control y transparencia en la asignación y uso de los recursos, permitiendo un monitoreo más cercano y preciso”.
Desde Capital Humano agregaron: “La familia es el centro de nuestras políticas públicas, por eso reforzamos el apoyo directo a las familias más vulnerables. Para que no haya niños indigentes en el rango etario de 0 a 17 años, que todos estén nutridos. Para lograrlo -explicaron- hay que llegar con seguridad alimentaria a las familias que lo necesitan” y para eso fue necesario “terminar con los gerentes de la pobreza terminar y con la intermediación de la política social”.
