La Procuraduría General de la Nación anunció el archivo definitivo de la investigación que pesaba sobre la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen. Esta decisión se produce en el contexto del escándalo conocido como el caso de Centros Poblados, donde se cuestionó la pérdida de 70.000 millones de pesos destinados a la conectividad en escuelas rurales en Colombia.
Según la información revelada por la revista Cambio y en particular por la periodista Paola Herrera, que sigue de cerca este caso desde su inicio, la decisión de archivar la investigación por parte de la Procuraduría se basa en varios argumentos. En primer lugar, se determinó que Abudinen no tenía injerencia en la supervisión del contrato 1043 de 2020, ya que no era la responsable de la supervisión directa. Además, se concluyó que no participó en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser falsa, una actividad que no estaba dentro de sus deberes funcionales, según el análisis del ente de control.
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El auto emitido por la Procuraduría, el 23 de septiembre de 2024, señala que, desde que se notificó al MinTic sobre el presunto incumplimiento del contratista hasta la declaración de caducidad del contrato, pasaron solo dos meses. Este detalle se interpretó como una señal de la agilidad de los funcionarios del ministerio, incluyendo a la secretaria general, lo que les exime de reproches sobre la falta de control, de acuerdo con la fuente citada.
La Procuraduría también resalta que Abudinen solicitó a Meza Consuegra información sobre las acciones administrativas relacionadas con el incumplimiento del contrato. Este aspecto fue considerado como prueba de que la exministra estaba atenta a la situación, lo que contradice las acusaciones de negligencia en sus funciones. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso la revista, se afirma que “las pruebas permiten a la sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales”.
Adicionalmente, el auto establece que la ex alta funcionaria no participó en la elaboración o revisión de los pliegos de condiciones, en la recepción de ofertas, en la adjudicación del contrato, ni en la emisión de adendas. Por el contrario, se sostiene que ejerció control sobre los funcionarios encargados del proceso licitatorio.
De esto se trató el escándalo
El caso de Centros Poblados es un escándalo de corrupción que involucró la contratación de una empresa para el desarrollo de un proyecto de conectividad en zonas rurales del país. El contrato fue adjudicado en 2020 a la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo era llevar internet a más de 15.000 escuelas en áreas apartadas.
Sin embargo, el proceso de ejecución del contrato se vio envuelto en irregularidades, ya que la empresa adjudicataria no tenía la capacidad técnica ni financiera para cumplir con los requisitos establecidos. En medio de estos problemas, se descubrió que parte del dinero del contrato había sido mal utilizado. En particular, se evidenció que la empresa había presentado documentos falsos para obtener la aprobación del contrato y había incumplido con plazos de ejecución.
El escándalo adquirió mayor notoriedad cuando se conoció que supuestamente la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen había tenido un papel activo en la adjudicación del contrato. A raíz de esto, se iniciaron varias investigaciones.
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