(ESTEBAN COLLAZO/)
El ex presidente Alberto Fernández deberá decidir si nombra a un abogado defensor en la causa en donde se investiga si durante su gobierno existió “una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales”, a través de la intermediación de la aseguradora Nación Seguros, y en donde un grupo de intermediarios se habrían quedado con jugosas comisiones. Esta tarde, el el jefe de Estado fue notificado personalmente en el departamento de Puerto Madero donde lo fueron a buscar, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Es que, a instancias de la Cámara Federal, el juez federal Julián Ercolini notificó formalmente a Alberto Fernández y a otros dos imputados -Ricardo Daniel González y Carlos Alberto Suárez- de la inhibición general de bienes dispuesta el 9 de abril pasado y escribió: “Invítese a los nombrados a que, de considerarlo, designen letrado en autos”, señaló el oficio al que accedió Infobae.
Para eso, libró oficio a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina para efectuar las notificaciones dispuestas. En tribunales se preguntaban dónde irían a notificar al ex jefe de Estado, que durante su presidencia tuvo domicilio en la residencia de Olivos, pero previamente vivía en un departamento propiedad de Enrique Albistur y tras su mandato había hecho pública su decisión de irse a vivir a España. Según señalaron las fuentes a este medio, fue notificado cerca de las 19 de este jueves personalmente en el departamento de Puerto Madero.
Alberto Fernández no está obligado a nombrar a un defensor. Pero a raíz de la inhibición de bienes de más de 30 personas y dos cooperativas varias defensas apelaron. El expediente subió a la Cámara Federal y el caso por sorteo recayó en la Sala II del fuero, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Pero los magistrados decidieron devolverlo: teniendo en cuenta que se tratará por primera vez el caso y se decidirá sobre la situación de los bienes de los involucrados, entendió que el juez debía notificar a todos los imputados si querían nombrar un defensor para dar la discusión en esta instancia, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo se encuentran analizando toda la documentación secuestrada, esperando el resultado de los entrecruzamientos telefónicos y analizando el contenido de los celulares y computadoras que quedaron afectados a la causa. Justamente, el amigo de Alberto Fernández y ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano está pidiendo que le devuelvan uno de esos equipos, añadieron las fuentes. También se están analizado, a través de la PROCELAC, las declaraciones juradas de los implicados y el listado de sus bienes.
Por lo pronto el juez decidió la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa: Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.
Según describió el propio Ercolini, a partir del dictado del Decreto n° 823/2021, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de diciembre de 2021, el Ejecutivo de Alberto Fernández dispuso que todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma “NACIÓN SEGUROS S.A.” -durante la gestión de Alberto Carlos PAGLIANO-, mediante un convenio interadministrativo.
En ese contexto se habilitó la posibilidad de que participaran “otras aseguradoras en forma de coaseguro” y eso “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor MARTÍNEZ SOSA, Pablo Andrés TORRES GARCÍA y Oscar Alberto CASTELLO; como así también las firmas “HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.”; “TG BROKER S.A.”; “BACHELLIER S.A.”; “CASTELLO MERCURI S.A.” y “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.”; a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas”.
Poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios, Martínez Sosa está vinculado a Alberto Fernández: el broker le prestó unos 20.000 dólares, según sus declaraciones juradas. Es además es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria que tuvo el expresidente y también imputada.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, dijo el expresidente cuando comenzó el caso. El escándalo de los seguros se inició tras una nota del periodista Ricardo Roa en diario Clarín, tras la salida de Osvaldo Giordano de la ANSeS, cuando cayó el tratamiento del primer proyecto de Ley Bases.
