(Matías Martin Campaya/)
El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 con una proyección de equilibrio fiscal que buscará perseguir con lo que llamó un “cepo al Estado”. “Blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, dijo el jefe de Estado. “Este blindaje abre una nueva página hasta ahora desconocido. Desde ahora Argentina será solvente, bajará el riesgo país, tasa de interés, con mayor inversión, productividad, salario real, caída de pobreza y de indigencia”, aseguró Milei ante diputados y senadores.
El Gobierno se planteó un objetivo de ajuste en las cuentas públicas el año próximo equivalente a 1,5% del PBI de superávit primario para poder sostener, al finalizar el 2025, el equilibrio financiero. Para eso, el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso incluirá una regla fiscal que recortará un grupo de partidas de gasto ante ciertas contingencias, y dejará un solo renglón del gasto por fuera de la discrecionalidad, que serán las jubilaciones, que continuarán con una fórmula mensual que sigue a la inflación.
La ley de ingresos y gastos que la Casa Rosada presentó este domingo ante el parlamento indicó que como lineamiento principal buscará mantener el equilibrio fiscal, por lo que debería acumular un superávit primario de 1,5% del PBI -la cuenta bajaría a 1,3% restando la deuda intra sector público– para terminar con excedente fiscal total.
Con esa premisa, el Ministerio de Economía estableció una suerte de “regla fiscal” para que las distintas partidas presupuestarias puedan ser reajustadas ante distintas circunstancias. Tras un primer punto de partida de cálculo de los intereses de deuda a pagar a lo largo de 2025, el Gobierno así determina cuáles son los gastos que tienen actualización automática -las jubilaciones- y cuáles quedarán con discrecionalidad. Así, el equipo económico establece “techos” presupuestarios expresados en porcentajes del PBI para esos renglones del gasto, “en función de las prioridades de políticas públicas establecidas”, mencionó el Palacio de Hacienda en un documento.
Luego de trazar una línea de largada, con jubilaciones que tendrán un gasto equivalente a 6,3% del PBI y otro 2,6% del Producto para asistencia social, entre otros, el Gobierno pautó qué sucederá en caso de que las variables macroeconómicas se muevan por fuera de lo proyectado en el presupuesto. “En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal”, menciona el resumen del proyecto de lay que elaboró el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, ejemplificó: “En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos. Esto implicará que por segundo año consecutivo el Sector Público Nacional no necesitará financiamiento por la vía de endeudamiento o emisión monetaria ya que no habrá desbalances de las cuentas públicas, que a lo largo de la historia argentina ha derivado en recurrentes crisis de deuda o escenarios de hiperinflación”, planteó.
La ley de ingresos y gastos buscará mantener el equilibrio fiscal, por lo que debería acumular un superávit primario de 1,5% del PBI para terminar con excedente fiscal total.
En este documento el Gobierno no mencionó detalles sobre cómo avanzaría en la reducción de impuestos en caso de que tuviese ese margen fiscal, aunque en distintas apariciones públicas tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo mencionaron a los derechos de exportación y al impuesto al cheque como los dos principales apuntados. En diciembre de este año, de por sí, se vencerá la vigencia del impuesto PAIS.
El argumento oficial es que el presupuesto debe contar con equilibrio fiscal como única forma de sostener la estabilidad económica. “El déficit consolidado del BCRA (originado en el financiamiento de 13 años consecutivos de déficits financieros) y del Tesoro Nacional se ubicaba por encima del 15% del PIB hacia noviembre de 2023. Vale recordar que un déficit fiscal sólo puede ser financiado por dos vías: endeudamiento y/o emisión monetaria. Con un historial crediticio marcado por sucesivos defaults, la emisión monetaria se convirtió en la principal fuente de financiamiento de las necesidades del Tesoro, derivando en un excedente monetario que se transformó en el principal foco de fragilidad macroeconómica”, planteó el equipo económico en ese documento.
El equipo económico establece “techos” presupuestarios expresados en porcentajes del PBI para esos renglones del gasto, “en función de las prioridades de políticas públicas establecidas”
En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas mostraron un superávit acumulado de $1,9 billones, lo que implica un 1,4% del Producto Bruto, y un 0,4% del PBI de superávit total al agregar en la cuenta el pago de intereses de deuda. El dato de agosto se conocerá el próximo jueves. “En este contexto, el equilibrio fiscal se volvió un compromiso inquebrantable de esta gestión, al punto que se alcanzó en el primer mes de gestión, lo que constituye un hito histórico”, mencionó el Palacio de Hacienda.
“Durante 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan, junto con las reformas aprobadas por el Congreso en la Ley Bases y el DNU 70/2023, el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos”, consideró el Gobierno.
