El Poder Judicial aprobó solicitar al Reino de Bélgica la detención preventiva con fines de extradición del exjuez supremo César Hinostroza, con el objetivo de que enfrente en Perú el proceso que se le sigue por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley dispuso remitir el expediente incidental a la Sala Suprema Penal Permanente para que determine si procede o no la extradición de Hinostroza Pariachi.
Una vez que la extradición sea declarada procedente, lo actuado se envía al Poder Ejecutivo para que emita la resolución suprema correspondiente solicitando, oficialmente, al Reino de Bélgica la entrega del destituido exjuez supremo.
Si bien Hildebrandt en sus trece logró ubicar a Hinostroza hasta en dos ocasiones en Bélgica, las autoridades peruanas dieron con el paradero del exjuez como producto de asistencias judiciales con Estados Unidos y Bélgica.
Las convenciones de Mérida y Palermo
En la resolución, el juez Juan Carlos Checkley precisa que, si bien existe un convenio de extradición entre Perú y Bélgica, dicho dispositivo no contempla de manera expresa los delitos por los que César Hinostroza viene siendo procesado (organización criminal, cohecho y tráfico de influencias). Sin embargo, “frente al defecto del tratado bilateral, cabe examinar la existencia de tratados multilaterales suscritos por las partes”.
Es así que Checkley invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), tratados suscritos por ambos países y en los que sí se encuentran los ilícitos mencionados.
“La Convención de Mérida y la Convención de Palermo, complementan la mencionada Convención de Extradición celebrada entre el Perú y Bélgica, previendo normas que regulan la extradición y la detención con fines de extradición respecto a los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal”, se lee en el documento.
