El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, un cercano colaborador del presidente Gustavo Petro, está bajo la lupa de la Fiscalía por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A pesar de las investigaciones en curso, Manrique podría manejar un presupuesto de casi 200.000 millones de pesos el próximo año, una suma significativamente mayor a los 50.000 millones de 2024, gracias a la implementación del programa Servicio Social para la Paz, una de las prioridades del gobierno.
La revista Cambio reveló que, según la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría sido uno de los “cerebros” detrás de la red de corrupción en la UNGRD, junto con Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La investigación apunta a que, bajo la dirección de Manrique, el grupo habría manipulado recursos públicos mediante contratos direccionados a empresarios a cambio de coimas.
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Presunto desvío de fondos en la UNGRD
La Fiscalía asegura que la red criminal operó entre mayo de 2023 y marzo de 2024, y que Manrique facilitó reuniones entre López y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, con el objetivo de desviar 100.000 millones de pesos de un convenio interadministrativo. Estos recursos habrían sido destinados a la compra de plantas desalinizadoras, carrotanques y otros servicios, mediante contratos a empresas cercanas a los implicados, con presuntas comisiones del 7% para los líderes de la operación.
Uno de los contratos más cuestionados es la compra de 40 carrotanques por 29.000 millones de pesos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral-Yapurutu, representada por el expolítico Édgar Echeverri Toro. Según la Fiscalía, estos carrotanques fueron adquiridos con sobrecostos, están inoperantes y carecen de pólizas. Este es solo uno de los siete contratos que, en total, suman más de 96.000 millones de pesos.
La defensa de Manrique
Ante las acusaciones, Manrique ha negado cualquier implicación. En julio de 2024, publicó un comunicado en sus redes sociales rechazando las acusaciones y solicitando a la Fiscalía que lo escuche. Posteriormente, en agosto, sus abogados, Alberto Poveda Rodríguez y Santiago Trespalacios, emitieron un comunicado afirmando que su cliente no tuvo ninguna participación en los procesos contractuales de la UNGRD, ni directa ni indirectamente. Además, señalaron que la Fiscalía está siendo “engañada” por los señalamientos de López y Pinilla.
A pesar de las investigaciones y los señalamientos, Manrique continúa al frente de la Función Pública y está previsto que maneje uno de los presupuestos más grandes en 2025, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de que los recursos asignados para el Servicio Social para la Paz sean manejados de manera inapropiada.
Detalles del proyecto y su presupuesto
El proyecto, anunciado como una alternativa al servicio militar obligatorio para jóvenes entre 18 y 24 años, fue presentado en agosto de 2024 como parte de los esfuerzos del gobierno por cumplir una promesa a la juventud colombiana. Manrique calificó el programa como una herramienta clave para la construcción de paz, que beneficiará a más de 23.550 jóvenes en los próximos tres años. Sin embargo, su ejecución demandará recursos significativos, con cada joven participante costando alrededor de 30 millones de pesos al año.
La pregunta que surge es si el incremento en el presupuesto será manejado adecuadamente, dado el historial de Manrique. La Fiscalía ha señalado su participación en el desfalco de la UNGRD, un escándalo en el que también están implicados otros altos funcionarios, y del cual se benefició presuntamente a través de coimas. Además, este no es el primer caso en el que se ve envuelto: en su pasado como funcionario en Bogotá, fue investigado por un contrato irregular para la compra de motos eléctricas, aunque el caso fue archivado.
A pesar de su cuestionable historial, Manrique tendrá en sus manos la administración de los recursos para este ambicioso programa, con apoyo del Sena y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), quienes también recibirán fondos. Aunque se trata de un proyecto de impacto social, persisten dudas sobre la capacidad de gestión de Manrique, quien sigue bajo la lupa de la justicia colombiana.
