(Luis Eduardo Noriega A./)
Este viernes, inició a las 10 de la mañana, en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, una audiencia de acusación por un caso de presunta corrupción que involucra a dos exfuncionarios y un contratista de la administración de Daniel Quintero Calle.
Los acusados son Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Lievano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, según destacó la W Radio.
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Según las acusaciones, los delitos incluyen la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
Sucesos Metropolitanos / Youtube
El contrato en cuestión, enfocado en el mantenimiento de zonas verdes de Medellín, fue asignado a Reforestadora El Líbano tras una controvertida decisión que retiró esta responsabilidad al Jardín Botánico de Medellín, entidad que había gestionado estas labores durante años. La controversia se profundizó cuando el contrato fue transferido a Metroparques, en un intento de la empresa pública por enfrentar el déficit financiero ocasionado por la pandemia.
El exconcejal Daniel Duque denunció públicamente la adjudicación del contrato, señalando supuestas irregularidades en el proceso. Las acusaciones sostienen que la adjudicación no cumplió con los requisitos legales y que hubo intereses indebidos, lo que motivó las imputaciones actuales.
En audiencias previas, los acusados han negado rotundamente los cargos. Urrego, Lievano y Henao Rodríguez han defendido su inocencia y anticipan un proceso judicial donde deberán presentar pruebas y argumentos para respaldar sus defensas, según lo informó La W Radio.
Este caso representa un punto significativo de atención sobre las prácticas de la administración local en la adjudicación de contratos públicos. La audiencia de acusación permitirá avanzar en la elucidación de los hechos y en la determinación de responsabilidades legales.
Procuraduría investiga irregularidades en Metroparques, Amva e Inder
Desde mayo del 2024, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra seis funcionarios de tres entidades del Valle de Aburrá: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y Metroparques. Según la información proporcionada, estas acciones están vinculadas a posibles irregularidades en la celebración de contratos interadministrativos entre estas entidades.
Las sospechas sobre estos contratos surgieron luego de denuncias realizadas por la Veeduría Todos por Medellín y varios medios de comunicación. Dichas denuncias apuntan a que varios contratos fueron adjudicados directamente entre las entidades investigadas, lo que habría resultado en acuerdos que podrían perjudicar a terceros mientras beneficiaban a partes específicas. La Segunda Delegada para la Contratación Estatal destacó su preocupación por estas acusaciones.
Para ilustrar la gravedad de la situación, el Ministerio Público sugiere que Metroparques pudo haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por la manera en que se gestionaron estos contratos. Tal violación implicaría una posible infracción legal en los procesos contractuales de la entidad.
Entre los funcionarios investigados se encuentran figuras de alto rango y responsabilidad en estas entidades. Álvaro Alonso Villada García, subdirector de gestión administrativa y financiera del Amva, y Diana Paola Toro Zuleta, directora general del Inder, están entre los señalado.
Además, Jorge Enrique Liévano Ospina, gerente general de Metroparques, y María Eugenia Domínguez Castañeda, también gerente en Metroparques, forman parte de los investigados. Viviana del Valle Velásquez, jefa de Compras, y Carlos Augusto Jaramillo Villareal, secretario general, también están incluidos en la lista de funcionarios bajo investigación.
El objetivo principal de esta investigación es verificar la veracidad de las denuncias presentadas, evaluar si estos actos constituyen faltas disciplinarias y determinar si los funcionarios actuaron bajo alguna justificación que excluya su responsabilidad. Esta iniciativa refleja el compromiso de la entidad de control con la transparencia y la ética en la administración pública.
Es importante resaltar que la actuación de la Veeduría Todos por Medellín ha sido fundamental para sacar a la luz estas posibles irregularidades. La entidad sigue trabajando para asegurar que los procesos administrativos se manejen con total transparencia y en beneficio de la comunidad en general, instando a que esta investigación se lleve a cabo con celeridad y rigor.
