Loan Danilo Peña, el niño de 5 años en Corrientes, permanece desaparecido. Una de las hipótesis es que fue víctima de trata de personas. En medio de la conmoción por la historia del chico, el Senado dio media sanción ayer un proyecto de ley que endurece las penas hasta 15 años por la compra y venta de menores.
La votación resultó aprobada por unanimidad con 63 votos a favor, aunque volverá a ser revisada para introducir nuevas correcciones.
El proyecto sobre sustracción y/o comercialización de niños fue presentado por la senadora Carolina Losada (Santa Fe). El texto modifica el artículo 139 bis de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Antes, la pena mínima era de 3 años.
A su vez, incorpora en el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de “5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad”. Siempre en el caso que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
La norma también señala que el funcionario público o profesional esté involucrado en este tipo penal será penado con “prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena”.
Otro cambio es el artículo 67 del Código Penal, al añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. Por lo tanto, este punto otorga una garantía específica para las víctimas.
Además, también se modifica la Ley 27.146 para precisar que a estos delitos le corresponde la competencia material penal federal, un punto que fue materia de controversia en el caso de Loan.
Por qué se revisará el proyecto y el debate en el Senado
Pese a contar con un amplio consenso político, la iniciativa volverá a ser debatida en comisión el próximo miércoles 10, según informó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto.
El inicio de la sesión arrancó con críticas. Es que Pagotto planteó modificaciones sobre las penas y tanto senadores que firmaron el dictamen como el resto se sorprendieron al conocerlas en el momento.
En su discurso, el legislador riojano recordó que el proyecto fue presentado en 2022, pero perdió estado parlamentario. “Este es el tema de la compra y venta de niños. Es un reclamo de la sociedad, una deuda que tenemos”, apuntó, y señaló que es “un proyecto amplio, ambicioso, que merece discusión seria y tratamiento lo más objetivo posible”, con el objetivo de delimitar “la figura en toda su etimología” y que quede librada a la interpretación judicial.
Uno de los puntos debatidos es la redacción del artículo 139 bis, que establece dejar exentos de pena a los progenitores en este tipo de delitos.
Pero la iniciativa entró en una zona pantanosa, porque el texto era distinto al debatido en comisión. Tras un intenso intercambio y debate de media hora con idas y vueltas, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para su revisión en el articulado.
En la misma línea, desde el PRO solicitaron que se convoque a expertos y abogados constitucionalistas para que colaboren en la redacción. Senadores de otros bloques acompañaron la moción.
Anotado como orador, el senador de UP, Antonio Rodas lamentó el tratamiento que se le está dando a la cuestión y lo vinculó al caso del niño de 5 años desaparecido.
“Hoy estamos viendo un hecho delictivo que nos hiere a todos, principalmente al pueblo de Corrientes. El chamamé está herido de muerte. Nunca jamás va a ser una fiesta igual del chamamé sin la presencia de Loan. El pueblo de Corrientes no se va a callar ni aquietar porque sabe que necesita el esclarecimiento total y absoluto de este hecho”, opinó sobre el caso.
Carolina Losada se encargó de cerrar el debate. Dijo que la Argentina está “sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación” que tipifique este tipo de delitos, y que “en la actualidad hay 1777 búsquedas activas de chicos que están desaparecidos de sus casas”. “Quizás otros chicos no están con sus familias porque sus propios progenitores los han vendido o algún familiar y no hay denuncias”, apuntó.
“Los vacíos legales son un verdadero paraíso para los delincuentes. Necesitamos proteger a los chicos de estos años irresponsables y de desidia donde no se los ha protegido”, concluyó la dirigente radical.
