Uruguay comenzará a aplicar desde el próximo domingo una ley que habilita la internación involuntaria de quienes viven en la calle. Una modificación legal, aprobada por el Parlamento en esta legislatura, autoriza que las personas que están a la intemperie y que atraviesen una descompensación por patologías psiquiátricas o consumo de drogas puedan ser internadas sin su consentimiento.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou reunió este jueves a parte de su gabinete para coordinar el trabajo que se implementará desde el 25 de agosto. Estuvieron el ministro del Interior –encargado de la seguridad–, Nicolás Martinelli; el de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra; la de Salud Pública, Karina Rando; y el de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.
El ministro Sciarra destacó que cualquier persona que viva en la calle podrá ser internada, incluso sin su consentimiento, en los casos en que represente un riesgo para sí mismo o para terceros. Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deben coordinar la asistencia con el prestador de salud estatal ASSE (Asociación de Servicios de Salud del Estado). Los equipos médicos serán los que certificarán que la persona requiere internación para ser compensada y se encargarán de trasladarla a un centro de salud cercano. Si el afectado no accede a ese traslado, los funcionarios solicitarán la intervención de la Policía.
Cuando la persona se recupere en el sanatorio, el Mides debe ofrecer alternativas para que no vuelva a la vida callejera. Algunas opciones que tiene disponible la cartera son los hogares asistidos o las denominadas “casas de medio camino” que gestiona el ministerio. Según la patología que tenga la persona, se definirá su destino.
El ministro de Desarrollo Social dijo en una conferencia de prensa que el objetivo de las autoridades es salvaguardar la vida y la integridad de quienes viven en la calle. El jerarca aclaró que esta reforma legal no implica que una persona adicta vaya a ser trasladada “a la fuerza” a un sanatorio. “Para que ese traslado se dé de forma involuntaria, tiene que estar en una situación de descompensación que no pueda responder”, insistió.
El ministro Martinelli, en tanto, comentó que si un médico certificó que una persona requiere ser trasladada, los policías se encargarán de subirlos al patrullero para llevarlo al centro de internación. “Si hay una persona que está en una situación violenta, seguramente haya que hacer un uso de la fuerza. Sino, perfectamente puede ser conducida de forma voluntaria, simplemente con preguntar, como sucede en la mayoría de los casos”, expresó.
Sciarra destacó que con esta definición se modificó un sistema que era “exclusivamente nocturno” y que se hizo foco en las “causas”. “Propusimos un trabajo distinto, yendo a las trayectorias de las personas, a las problemáticas que la llevaron a la calle. Es una herramienta más para personas que no están accediendo a este tipo de dispositivo”, expresó.
Los equipos del ministerio ya tienen identificadas algunas personas que tienen problemas de adicciones a las que se irá “directamente” cuando se comience con la aplicación de esta ley.
La modificación legal surgió como una respuesta a un reclamo de la sociedad civil. El colectivo Madres del Cerro, integrado por familiares de adictos, fue uno de los grupos que más solicitó esta modificación. “Nos han reclamado que las personas cuando tienen un consumo problemático han perdido su libertad. La idea entonces es restituir los derechos de esas personas, expresó Sciarra.
La cantidad de personas que viven en la calle en Montevideo aumentó un 24% en 2023 con respecto a 2021, según las cifras del último censo del Mides. Hace dos años había 2.215 personas en esta situación y ese número sumó 540. De ese total, 1.385 personas viven en refugios de la secretaría de Estado y otras 1.360 quedan a la intemperie, de acuerdo a las cifras.
