(Desde Santiago, Chile) El Gobierno de Gabriel Boric está empeñado en aprobar su Reforma de Pensiones, una promesa de campaña que ha sido fuertemente combatida por la oposición, la que ha sido acusada de negarle “la sal y el agua” al mandatario. En una medida de presión, hace unos días la ministra vocera, Camila Vallejo, anunció que la próxima semana el Gobierno pondrá en discusión inmediata el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado, a fin de agilizar su empantanado trámite legislativo.
“Consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente sea votada la idea de legislar en la sala del Senado, y empiece entonces el trámite en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo del Senado”, informó en su tradicional punto de prensa.
La ministra Vallejo recalcó que “el presidente ha pedido expresamente que esto ya empiece a entrar en su recta final. Cada vez que el presidente sale a alguna comuna o localidad, se encuentra con un adulto mayor que le pregunta qué pasa con las pensiones, cuándo van a poder aumentarlas. Por lo tanto, independiente de las diferencias que tiene la oposición con esta reforma de pensiones, necesitamos empezar a concretar”.
Historia de una ley
Siguiendo los consejos del economista José Piñera, -hermano mayor del ex mandatario Sebastián Piñera-, Augusto Pinochet instauró en 1981 el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), privatizando las jubilaciones y obligando a millones de adultos mayores a abandonar las cajas previsionales y afiliarse a estas empresas. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, se mantuvieron al margen de este nuevo sistema y el Estado siguió siendo el garante de sus pensiones, que hasta el día de hoy son mucho más altas que las del resto de los jubilados chilenos.
Dicha ley establecía que cada trabajador debe destinar un 10% mensual de su sueldo a una cuenta personal, de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las AFP, las que hacen crecer esos ahorros de los afiliados invirtiéndolos en acciones y bonos de empresas en Chile y el extranjero, así como en títulos de la Tesorería General y el Banco Central.
Sin embargo, el modelo ha sido transversalmente criticado por las escasas pensiones que otorga: sin ir más lejos, la pensión promedio a junio de 2023 fue de $283.455 para los hombres (USD 300) y $111.237 (USD 117) para las mujeres, según la Superintendencia de Pensiones.
A modo de comparación, según un estudio de la Fundación Sol, el promedio de las pensiones pagadas por Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) a las Fuerzas Armadas es de $1.079.356 (USD 1,140). En el caso de Dipreca (Dirección de Previsión Carabineros de Chile), que paga las pensiones de Carabineros y Gendarmería, el promedio de las pensiones es de $1.180.293 (USD 1,240).
Así las cosas, durante casi 30 años, el sistema de pensiones chileno se mantuvo incólume. Pero ese sistema cambiaría en 2008, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, con una reforma previsional que incorporó la creación del Pilar Solidario, instrumento que benefició a los adultos mayores que no tenían pensión -a través de la Pensión Básica Solidaria– y a quienes no contaban con ahorro suficiente para una jubilación digna, por medio del Aporte Previsional Solidario.
En 2022, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y debido a los estragos causados por el estallido social y la pandemia, dicho pilar se fortaleció con la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que finalmente permitió ampliar la cobertura desde el 60% de los adultos mayores más vulnerables a una focalización del 90%.
La PGU hoy asciende a $206.000 (USD 217) y se suma a la pensión autofinanciada que entregan las AFP. Este beneficio del Estado llega a cerca de 2 millones de personas en total, y si bien hoy el monto está por debajo de la línea de la pobreza, el Gobierno –justamente a través del proyecto de ley de reforma de pensiones que está en el Congreso- busca elevarla a $ 250.000 (USD 264) y universalizar su cobertura.
La reforma de Boric
Una vez llegado al poder, Boric envió en noviembre de 2022 una propuesta de Reforma Previsional que estuvo 14 meses entrampada en la Cámara de Diputados y fue resistida fuertemente por la derecha, pero que finalmente el Gobierno consiguió sacar a flote.
La reforma propone la creación de un sistema mixto de pensiones y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos que ahora están en manos de las AFP, eliminándolas del mapa. Además, Boric buscaba subir la cotización del 10% actual al 16%, con cargo al empleador.
Ese 6% adicional fue el punto más polémico: en el proyecto inicial, el Ejecutivo quería destinar ese porcentaje a un seguro social, pero ante las críticas propuso una fórmula mixta que pareció generar más apoyo, al repartir un 3% al seguro social y otro 3% a la capitalización individual.
Finalmente, y tras una intensa negociación política, el 24 de enero pasado la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar la reforma de pensiones, pero rechazó el corazón de la reforma, la fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional a cargo del empleador, así como la creación de un inversor público de pensiones y otros artículos.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lamentó ese día las “paradojas” con las que se despachó la norma a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se encuentra ahora y desde la cual el Gobierno quiere que se mueva rápido.
“Se crea un seguro social, pero se rechaza la forma de financiarlo; se separa la industria de las AFP y se aprueban los inversores privados, pero se niega la creación de un inversor del Estado”.
El triunfo de Jara
Sin embargo, el hecho de que el proyecto de reforma pasara al Senado significó un gran logro para la ministra del Trabajo, puesto que en su discusión fueron apareciendo varias modificaciones y hubo que llegar a varios acuerdos y ahí, su capacidad de negociación fue determinante.
Ahora, su próximo desafío será reponer los tres puntos para el seguro social en el Senado, los que fueron rechazados en la votación en particular de la Cámara de Diputados.
La ministra, militante comunista, ya se ha anotado dos grandes victorias en el gobierno de Boric: primero, el alza del sueldo mínimo a $500 mil (USD 530), y luego, la aprobación de la Ley de las 40 horas laborales, que contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que a partir de abril de 2026 la jornada semanal durará 42 horas y en 2028 bajará a 40.
Combativa, se ha peleado con los empresarios – a quienes instó a pagar mejor sueldos -, y por supuesto con las AFP, a quienes acusó de desinformar a los chilenos a traves de “fake news” con el fin de seguir generando “las jugosas utilidades que han tenido todo este tiempo”, según dijo a El País.
En abril pasado, miembros de la Asociación de AFP llegaron hasta la Comisión de Trabajo del Senado para defender su gestión y, por supuesto, criticar el proyecto del Gobierno.
“No existe evidencia que plantee que para subir pensiones se necesita eliminar a las AFP”, afirmó la presidenta del gremio, Paulina Yazigi.
“Las AFP en estos 40 años no son las responsables de la baja pensiones”, recalcó Yazigi, quien también arremetió contra la iniciativa del Gobierno: “Estamos hablando de un fondo de reparto que no sube pensiones, que es un impuesto al trabajo y, además, un Estado que va a tener un rol preponderante, tanto en la administración de cuentas como en la administración de los ahorros de los trabajadores y de todo su esfuerzo”.
La presión del Gobierno
De esta manera, y a fin de inyectarle rapidez al trámite, es que el Gobierno pondrá la próxima semana en discusión inmediata el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado.
Desde la derecha e incluso algunos políticos oficialistas alzaron la voz y advirtieron que hay un programa de trabajo donde aún quedan temas por dilucidar, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la rentabilidad de los fondos de pensiones y la viabilidad del seguro de longevidad. También está en veremos qué resolverá la comisión técnica, una instancia de expertos que ha estado sesionando en paralelo y que aún no termina su labor.
Sin embargo, la ministra Jara advirtió este miércoles que el proyecto estrella del Gobierno se pondrá cuesta arriba de no haber avances antes de las elecciones municipales de octubre próximo.
“Si llegan las elecciones municipales no vamos a lograr sacarlo”, dijo, y recordó que eso fue lo que ocurrió el año pasado tras el fallido plebiscito constitucional.
“Si bien la oposición señaló que después del plebiscito, sin falta, lo resolvíamos, no fue así. Entonces, hay que aprender de lo que nos ha pasado”, acusó la titular de Trabajo.
Así y todo, la autoridad de Gobierno dijo estar optimista por el resultado de la votación la próxima semana ya que “hay unas poquitas cosas en las que no estamos de acuerdo con la oposición”.
