Lizzie Peña se preocupó. Habían pasado varios minutos desde que vio por última vez a su hermana, Angie Samantha, en las aguas de West Bay, el enclave turístico más cotizado de Roatán, en el Caribe hondureño. Era el primer día de 2022 y las hermanas habían ido hasta una de las empresas del lugar que alquilan motos acuáticas. Rentaron dos. Pronto se separaron, pero en algún momento, después de rato en el agua, Lizzie dejó de ver a Angie. Luego, el terror.
Angie Peña, de 22 años, no volvió a aparecer. Lizzie llamó a su madre, Michelle Melgares, quien llegó del hotel en que se hospedaba la familia hasta el lugar en el que sus hijas habían alquilado las motos acuáticas. Michelle, desesperada, pidió a los empleados del lugar que salieran a buscar a Angie. Encontró desdén. Nadie podía adentrarse al mar a buscar a la joven, le aseguraron, porque no había dinero para la gasolina. Ella ofreció pagar. Le dijeron que no.
Lo que siguió fue un camino tortuoso lleno de respuestas parecidas, ya no de empleados de una compañía de rentas, sino de agentes del Estado hondureño con los que Michelle Melgares y su familia empezaron a lidiar en sus intentos por encontrar a Angie.
Esos agentes, dice la señora Michelle, le tendieron una trampa. La hicieron buscar a su hija mar adentro, en las aguas que separan las costas hondureñas de Belice, cientos de kilómetros al norte, cuando, en realidad, a Angie la habían retenido ahí mismo, en hoteles que sirven a una red de trata de personas liderada por estadounidenses que llevan años instalados en la isla de Roatán.
“Fue una trampa en la que yo caí: busqué a mi hija en el mar y no en la tierra. No se la había llevado el mar, se la habían llevado en tierra. Perdí un mes”, relata Michelle Melgares en una charla telefónica con Infobae.
Eso, que Angie no se había perdido en el Caribe, lo sabría Michelle con certeza semanas después. El 1 de enero de 2022, cuando Lizzie, su otra hija, le llamó y le dijo que no hallaba a su hermana, Michelle lo dejó todo para dedicarse de lleno a buscar a Angie. Desde el principio, los policías hondureños destacados en Roatán, al igual que la marina mercante, le insistieron que había que buscarla en el mar, llegar incluso a los cayos de Belice, y a las costas de Guatemala si era necesario, para encontrar a Angie.
Michelle invirtió su dinero para pagar gasolina, para mudarse de Tegucigalpa, la capital hondureña, a Roatán, para comprar pasajes aéreos. Buscó en el mar durante un mes, sin parar. Y mientras más buscaba más le carcomía la duda de que no estaba mirando en los lugares correctos. Pero los policías y los fiscales hondureños que se hicieron cargo del caso le insistían: a Angie había que buscarla en el agua.
La esperanza asomó a pocos días de la desaparición. A las 4:40 p.m. del 8 de enero de 2022, una flotilla de guardacostas y botes pesqueros beliceños encontraron flotando en el mar, en las coordenadas 16º 42′ 33.5″ y 50º 39.3 O, un chaleco salvavidas color naranja y un cable rojo. Dos días después, el 10 de enero a las 12:47 p.m., los beliceños entregaron los objetos a autoridades hondureñas. Así lo establece un informe sobre la búsqueda de Angie Peña en aguas de Belice firmado por el teniente Kenrick Thomas, de la guardia costera beliceña, del que Infobae tiene copia. Los hondureños concluyeron que era el chaleco que Angie vestía el día que desapareció y así lo comunicaron a la familia de la joven. Lizzie Peña, la hermana de Angie, asegura que ese no es el chaleco que les dieron el 1 de enero de 2021 cuando alquilaron las motos acuáticas.
La guardia costera beliceña empezó a buscar a Angie el domingo 2 de enero de 2022, un día después de la desaparición, luego de recibir la llamada de un familiar de la joven cuyo nombre no está escrito en el reporte. Buscaron en las aguas que rodean los cayos Hunting, Little Water, Jacks y Buttonwood durante 33 días. Michelle Melgares y su familia acompañaron a los marinos la mayoría de las veces.
Con cada búsqueda infructuosa crecía la duda en Michelle Melgares. “Si hubiese sido un accidente mi hija hubiera aparecido flotando”. Eso le decían las autoridades hondureñas, policías y fiscales, que había sido un accidente, pero ella, aun en la confusión de aquellos días, se hacía una idea distinta: “Si hubiese sido un accidente mi hija hubiera aparecido en Belice”.
La trampa del jet ski intacto
Los botes de la marina beliceña, apoyados por tres barcos de la guardia costera hondureña y una flotilla de pequeñas lanchas pesqueras, hacían búsquedas, hasta dos diarias, de entre tres y cuatro horas y media cada una. En cada viaje cubrían, en promedio, radios de 30 a 35 millas náuticas. Cada vez que los marinos terminaban la faena, la frase al final de los informes era la misma: “La patrulla concluyó la búsqueda y reporta que no pudieron localizar a la señorita Angie Peña”.
El 18 de enero de 2022, poco después de las 2:30 p.m., ocurrió algo que terminaría de convencer a Michelle Melgares de que Angie, su hija, estaba en otro lado, no en las aguas beliceños. Aquel día, los marinos beliceños rescataron una moto acuática cuyas características, según el informe que recibieron de unos pescadores locales, coincidían con las de la máquina que Angie Peña había utilizado el día que desapareció.
Dice el reporte escrito por el teniente Thomas de la guardia costera beliceña que los pescadores hallaron el jet ski el 15 de enero; estaba enredado en unos manglares cerca de Cayo Buttonwood, la sur de la zona en la que habían estado buscando a Angie. A las 12:48 p.m. del 19 de enero, cuatro días después, los agentes beliceños aseguraron la moto acuática y la llevaron a una zona conocida como Placencia. Emprendieron, además, una búsqueda de 48 horas en las aguas aledañas, la primera de varias, para encontrar a Angie. No tuvieron éxito.
Michelle Melgares fue hasta donde estaba la moto acuática que, le habían dicho, conducía su hija cuando desapareció. Cuando vio el jet ski, Michelle confirmó sus dudas. La moto acuática estaba intacta. A ella, sin embargo, las autoridades hondureñas le contaban que el jet ski había llegado hasta los cayos beliceños desde Roatán, que había viajado cientos de kilómetros y había emergido en los manglares sin un solo rasguño. Los policías también le presentaron accesorios que, dijeron, podían ser los de Angie, como un arete, también intacto.
Fue entonces, al ver las fotos que le enviaba Michelle desde Belice, que Yeneli Díaz, tía de Angie Peña, empezó también a sospechar. “Esto no es un accidente… En ninguna de las barridas que hicieron por aire se vio el jet ski y a los 18 días aparece el jet ski en Belice”, cuestiona la mujer en una charla con Infobae.
Otras cosas hacían dudar a Michelle y a Yeneli sobre el destino de Angie. Una de ellas, acaso la más importante, fue el testimonio de un estadounidense que asegura haber visto a la joven cerca de las aguas de West End, otra zona turística de Roatán, al noroeste de donde las hermanas Peña habían alquilado las lanchas, poco tiempo después de la desaparición.
El mismo día que Angie desapareció, reporteros de televisoras locales en Roatán dieron la noticia en las emisiones de la tarde. El estadounidense, a quien aquí llamaremos Ken por razones de seguridad, vio una de las imágenes esa misma noche, el 1 de enero de 2022, y recordó: él había visto, desde la terraza de un hotel en el que comía con su esposa, a una muchacha muy parecida a la que mostraban los noticieros. Intrigado, buscó en su Facebook y se topó con una cuenta recién creada en que la familia pedía a quien pudiese leer información sobre Angie. Ken dejó un comentario.
Esto fue lo que contó Ken: dijo que él había visto a una joven que viajaba en un jet ski con un isleño (nativo de Roatán). La joven le llamó la atención por lo colorido de su traje de baño y porque parecía incómoda. Después, dijo, vio que alguien daba dinero al isleño.
Luego, con esa información, Michelle Melgares pidió a los fiscales que se habían hecho cargo del caso de su hija que decomisaran las cámaras del hotel desde el que Ken dijo haber visto a Angie, y de otros comercios de la zona. Las autoridades pidieron a hoteles y restaurantes los contenidos de sus cámaras, pero no había nada: los dueños de los negocios habían borrado todo. La sospecha de que algo muy malo estaba ocurriendo crecía.
Después del fiasco del jet ski en Belice y el decomiso infructuoso de las cámaras de seguridad, la investigadora del Ministerio Público asignada a la desaparición de Angie Peña dejó de contestar los mensajes de Michelle Melgares, la madre de la desaparecida; incluso, cuenta Michelle, la bloqueó en su teléfono celular.
“Tuvieron bloqueada a la madre de Angie durante un año”, asegura Joaquín Mejía, un abogado defensor de derechos humanos al que la familia Peña Melgares acudió en busca de ayuda. Mejía trabajó con 16 organizaciones hondureñas para presentar un informe del caso al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas. Lo que la ONU resolvió en el caso, a principios de 2024, fue esencial para que el Estado de Honduras, empujado por la presión internacional, actuara a partir de las sospechas de que Angie había sido víctima de una red de trata que la secuestró y la mantuvo retenida en casas y hoteles de la isla.
El abogado Mejía cree que, desde el principio, la desaparición de Angie Peña siguió un patrón común en casos de trata de personas. “Hay una participación del Estado, que es lo común en este tipo de delitos, no se inician investigaciones y se crean hipótesis falsas”, dice. Como lo dijo Michelle Melgares, la madre de Angie: los agentes del Estado le tendieron una trampa; la distrajeron con una búsqueda marítima mientras, en tierra, se desvanecía el rastro de quienes habían secuestrado a Angie.
La red de pedófilos estadounidenses
Yeneli Díaz, la tía de Angie, también concluyó que a su sobrina la habían raptado. Le dieron pistas la negligencia de las autoridades hondureñas destacadas en Roatán y el testimonio de Ken, el norteamericano que vio a una muchacha incómoda con un hombre que la conducía en una moto acuática. Todo se parecía demasiado a una tragedia similar que había ocurrido en Roatán en 2017, cuando otra joven, Marta Fabiola Matute Bardales, de 26 años, desapareció mientras conducía un jet ski.
Michelle Melgares llegó a la misma conclusión. “Cada vez que me bajaba del avión de buscar a mi hija me volvían a decir que todo había sido un accidente… A mi hija ya la había secuestrado en tierra, como a Marta Fabiola”, dice.
Hartas de las largas que les daban las autoridades y cada vez más convencidas de que quienes fueran los responsables del secuestro estaban protegidos por agentes del gobierno hondureño, las familiares de Angie Peña decidieron buscar ayuda en los despachos más importantes de la capital, Tegucigalpa. El 9 de julio de 2022, siete meses después de la desaparición, la familia Peña Melgares envió una dura carta al general Ramón Sabillón, ministro de seguridad de la presidenta Xiomara Castro, y a la viceministra Julissa Villanueva.
Los Peña denunciaban anomalías graves en la investigación. Dijeron a los funcionarios, por ejemplo, que habían entregado al Ministerio Público el teléfono de Angie y que el aparato había desaparecido. Lo más grave, dicen, es que el teléfono siguió activado: “se está consciente de que alguien lo sigue utilizando pues se ha detectado que entran a WhatsApp, se salen de los grupos y eliminan su fotografía de perfil”.
También denunciaron que el jet ski recuperado en Belice estaba almacenado de forma inadecuada y que, cinco meses después del hallazgo, los agentes que se hicieron cargo del caso en Roatán seguían sin entregar un informe.
Sobre Karla Zavalah, la fiscal asignada a la investigación, la familia Peña denuncia que había dejado de recibirlos, que les daba largas, y que ordenó que decomisaran el teléfono de Lizzie Peña, la hermana de Angie, sin explicar para qué. Al final, los familiares piden más seriedad en la investigación y aluden a información recabada de fuentes en Roatán sobre una red de trata que podría estar relacionada con la desaparición.
Sabillón encomendó el caso a la viceministra Villanueva. Desde el despacho de la funcionaria arrancó una investigación que terminaría por desmentir todo lo que la policía y fiscales habían dicho en Roatán. Empezó a tomar forma una hipótesis: a Angie Peña la había secuestrado una organización criminal conocida como Delta Teams, que por años había traficado mujeres, incluidas menores de edad, para venderlas a clientes extranjeros que viajaban a Roatán en busca de sexo ilícito.
Algunos nombres empezaron a surgir, entre ellos el de Gary Lee Johnston, un estadounidense afincado en Roatán quien ya había estado implicado en al menos un caso de tráfico de persona y en agosto de 2022 fue sorprendido durante un allanamiento policial en compañía de una niña de trece años.
Infobae habló con dos agentes estatales hondureños, un investigador destacado desde hace al menos 10 años en Roatán y un operador de justicia en Tegucigalpa, para conocer los detalles de la investigación que profundizó en la hipótesis del secuestro y de que Angie Samantha Peña Melgares fue víctima de una red de trata. Ambos funcionarios hablaron desde el anonimato por seguridad y para no entorpecer las investigaciones. Su principal conclusión: una organización criminal formada por jueces, fiscales, policías, marinos mercantes y hoteleros de Roatán han montado una de las peores redes de trata de personas de Centroamérica, una que ha funcionada por décadas con impunidad.
“En Roatán hay mucha suciedad a todo nivel. Se asocian traficantes de fauna y depredadores ecológicos con tratantes de personas. Es un problema en toda la isla”, dice el investigador en Roatán, quien pone como ejemplo la relación entre Harold Green, estadounidense dueño del hotel Happy Harry en la isla, y el iraní Kaveh Laijani, dueño de otro hotel en el que las autoridades decomisaron fauna protegida, como felinos de gran tamaño y guacamayas. Green es uno de los implicados en el caso de Angie Peña.
El operador de justicia de Tegucigalpa que ha investigado la desaparición de la joven va más allá y confirma la participación de agentes estatales.
“Hemos investigado a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y sus jefes que demoraron el proceso y aceptaron coimas del Delta Teams, jueces del juzgado de Roatán, del Poder Judicial, y fiscales, todos traficaron influencias en el caso de Gary Lee Johnston”, dice el operador de justicia.
En enero de 2024, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU hizo llegar al Estado de Honduras sus conclusiones y recomendaciones en el caso de Angie Peña. Solicitó reiniciar de inmediato la búsqueda de la joven, asegurar el expediente de investigación penal, mantener informada en todo momento a la familia de los avances, garantizar la investigación de los supuestos perpetradores y encubridores del crimen.
Durante casi todo 2023, tras corregir el rumbo de la investigación, el viceministerio de seguridad y la policía hondureños reforzaron la investigación en torno a la red de trata y su relación con la desaparición de Angie Peña. Hubo allanamientos, recolección de testimonios y afianzaron a un testigo protegido. Todo, sin embargo, se topó con el muro de la indiferencia y el encubrimiento del Ministerio Público (MP), cuyo jefe fue Óscar Chinchilla hasta agosto de 2023. Chinchilla ha sido señalado de complicidad con el crimen organizado y con el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, de quien era protegido político.
Fue hasta noviembre de 2023, con la llegada de Johel Zelaya como nuevo fiscal general interino que los hallazgos de la policía encontraron eco en el MP, según reconocen los investigadores y la familia de Angie Peña. Zelaya fue confirmado en el cargo en febrero de 2024 y, en abril, el MP ordenó la detención de tres personas, los estadounidenses William James Murdock y Harold Green y el hondureño Gustavo Trejo por supuesta participación en una red de trata. Ya estaba detenido Gary Lee Johnston. Otro estadounidense, Anthony Frank Grayson, es prófugo. Grayson es dueño del hotel boutique The Dock en Roatán, donde según uno de los investigadores consultaos por Infobae la red de trata retuvo a Angie Peña durante al menos tres días. Los abogados de los detenidos han negado la implicación de sus clientes con la desaparición de la joven.
Michelle Melgares, la madre de Angie, nunca le dio la espalda a la esperanza de recuperar a su hija. Estas detenciones le hacen sentir un poco más cerca de volverla a ver. “Quiero llegar a mi hija y que paguen todos los culpables”, dice.
