El Poder Judicial de Cajamarca declaró fundada la demanda de amparo presentada por Marco Antonio Arana Zegarra contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Minera Yanacocha S.R.L., con relación al proyecto minero Conga. Esta sentencia se fundamentó debido a la amenaza que representa dicho proyecto para el derecho constitucional de los cajamarquinos a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, tal como “reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Perú”, se lee en la sentencia.
El fallo emitido establece que la empresa Yanacocha deberá cesar cualquier acción que implique la violación de los derechos ambientales, y también deja sin efecto el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el 2010. Esta investigación, autorizado por la Resolución Directoral N° 351-2010-MEM/AAM, fue cuestionado desde su aprobación debido a las insuficiencias detectadas en las medidas de mitigación de los daños ambientales proyectados.
El documento judicial señala que la compañía no logró demostrar que las medidas previstas en el EIA pudieran mitigar los daños ambientales previstos, y advierte que las acciones emprendidas por la minera podrían constituir una amenaza directa al derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado. Además, se recalca que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minas en 2010 no tuvieron en cuenta los riesgos potenciales a largo plazo para la región.
Proceso constitucional de amparo
El proceso de amparo fue presentado hace 12 años por el político Marco Antonio Arana Zegarra, quien fundamentó su demanda en la posible pérdida de ecosistemas clave para Cajamarca, tales como lagunas y manantiales que forman parte de importantes cuencas hídricas. Según los informes técnicos utilizados en la demanda, se advirtió que las cabeceras de cuenca afectadas por el proyecto abastecen a cinco microcuencas, lo que representa un riesgo significativo para la fauna, flora y las comunidades aledañas.
“El Informe N° 001-2011 de fecha 21 de noviembre del 2011, emitido por el Ministerio del Ambiente, la cual habría emitido opinión técnica sobre el proyecto, sus impactos y el Estudio de impacto ambiental emitido, el cual entre sus conclusiones ‘El proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas’”, se lee en el documento.
Por su parte, la minera Yanacocha, negó las acusaciones argumentando que las medidas de mitigación previstas en el EIA serían suficientes para controlar los impactos ambientales. Además, sostuvo que el proyecto Conga no generaría daños irreversibles a los recursos hídricos de la región. “A los acuíferos, sostiene que el sistema hidrogeológico local es controlado por la topografía y las dimensiones del mismo, en tanto los estudios están apoyados en casi 20 años de recolección de información hidrogeológica, así como en más de 100 pozos en el área de estudio y que en la segunda modificación del EIA del proyecto se ha presentado un modelo hidrogeológico actualizado”, replicó la parte de la defensa.
Así empezó el problema del proyecto Conga
El proyecto Conga comenzó a tomar forma en 2010, cuando la empresa Yanacocha obtuvo la aprobación para iniciar las actividades de explotación minera. Sin embargo, la aprobación del EIA generó una fuerte oposición en las comunidades locales debido a los posibles efectos sobre los recursos hídricos, lo que desembocó en una serie de protestas que paralizaron el proyecto en 2012.
Durante las manifestaciones que se desarrollaron entre 2011 y 2012, se registraron varios incidentes de violencia, incluyendo la muerte de cinco personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Desde entonces, el proyecto Conga se mantuvo en suspenso, pese a la inversión proyectada de más de 4.800 millones de dólares.
El fallo reciente del Poder Judicial representa un hecho importante en la lucha de las comunidades cajamarquinas por la protección del medio ambiente. Este proceso estuvo marcado por la intervención de diversos actores sociales, tanto nacionales como internacionales, quienes alertaron sobre los peligros que suponía la ejecución del proyecto minero en la región.
En noviembre de 2011, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca inició un paro indefinido para demandar la cancelación del proyecto de explotación minera Conga —presentado por la compañía Yanacocha— que amenazaba las lagunas Perol, Mala, Azul y Chica. La movilización de la población fue masiva.
Pese a que el 26 la empresa Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional—emitió un comunicado en el que declaraba que suspendía sus actividades, el paro no se detuvo.
Posteriormente, en julio de 2012, durante el Gobierno de Ollanta Humala, la provincia de Celendín, ubicada en Cajamarca, se vio marcada por la represión policial durante las protestas, que causaron la muerte de Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y César Medina Aguilar, un joven estudiante de 17 años.
Este último, que no estaba involucrado en las manifestaciones; sin embargo, fue víctima fatal de un disparo al abandonar una cabina de internet.
Reacciones a la sentencia dada
La expresidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mirtha Vásquez, manifestó su satisfacción en redes sociales por la reciente resolución del caso Conga por parte del Poder Judicial de Cajamarca. En su publicación destacó que, “12 años después, declara fundada la demanda hecha por los cajamarquinos para proteger el Medio Ambiente”.
Además, Vásquez destacó que la sentencia no solo reconoce los daños potenciales asociados con el proyecto Conga, sino que también la importancia de preservar un entorno saludable para las generaciones futuras. La resolución enfatiza la necesidad de garantizar que las actividades industriales no comprometan la calidad de vida y el bienestar de las comunidades locales.
