El pasado miércoles, el pleno del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó una iniciativa que fue enviada por el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama, para sancionar la instalación de chelerías en la vía pública.
La propuesta, avalada por 62 votos a favor, modifica la Ley de Cultura Cívica de la capital para considerar como una infracción contra la seguridad ciudadana al vender bebidas alcohólicas en la calle, excepto cuando se encuentren dentro de ferias, romerías o festividades, que cuenten con autorización de las instancias administrativas competentes.
Poner chelerías en la vía pública de la CDMX tendrá diversas sanciones, pues las personas que las instalen serán multadas, arrestadas o deberán hacer trabajo comunitario.
La multa económica para quien no respete esta ley, será de 21 a 30 Unidades de Medida Actualización (2 mil 171 a 3 mil 257 pesos), o en su defecto, arresto de 25 a 36 horas. También se puede aplicar la sanción de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.
La diputada Yuriri Ayala, secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dijo que si bien, la venta y el consumo de alcohol son actividades que forman parte de la vida social, debe haber un control adecuado de estas, para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y sobre todo, la salud.
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO (Andrea Murcia/)
Señaló que los puntos de venta de alcohol, conocidos como chelerías, provocan diversos problemas en la ciudadanía, como perturbación del orden público, violencia, y accidentes de tránsito.
“Estos puntos de venta irregulares generan múltiples problemas que van desde la perturbación del orden público, el incremento de accidentes de tránsito hasta la violencia asociada al consumo inmoderado del alcohol; además de afectar gravemente la calidad de vida de la ciudadanía. Asimismo, el crecimiento desmedido de las llamadas chelerías han incentivado el consumo de alcohol entre jóvenes y menores de edad, además de carecer de controles sanitarios mínimos sobre la calidad del alcohol que se vende”,
Es por ello que, señaló, dicha reforma no solo busca crear un efecto disuasorio, sino también facilitar la labor de las autoridades encargadas de la vigilancia y el control del comercio de bebidas alcohólicas, dotándolas de una herramienta jurídica adecuada para combatir esas prácticas.
Por su parte, Royfid Torres de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que, si bien estas reformas contra las chelerías son necesarias, falta ver si se pueden aplicar de manera correcta y si no hay permisividad de las autoridades.
En el mismo dictamen se votó a favor de imponer penas de seis a 12 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa a los propietarios de establecimientos u obras clausuradas o suspendidas que permitan que se sigan realizando actividades, aunque los sellos permanezcan sin daños.
