El Gobierno quiere fusionar a los organismos Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass. Así lo ha materializado en el proyecto de ley N° 7752 presentado al Congreso de la República para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresaria del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
En respuesta a este pedido, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto (Acción Popular), se mostró en contra de la propuesta para unir a estos cuatro departamentos: el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Lo que pretende el Gobierno, en el Marco de los Organismos Reguladores en los Servicios Públicos, es fusionar a las cuatro entidades y transformarlas en un “organismo regulador multisectorial”. La propuesta tiene como fundamento en el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de contar con un regulador multisectorial, con el objetivo de reducir el riesgo de una captura regulatoria.
Citan al premier Gustavo Adrianzén al Congreso
El titular de Codeco indicó que la administración de Dina Boluarte solicitó una opinión técnica a la comisión del Congreso que preside, sin embargo le mostraron su rechazo y acordaron citar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para el próximo lunes 3 de junio.
“Nos han pedido opinión y hemos mandado un documento señalando que estamos en contra. No estamos de acuerdo porque estos organismos cumplen un rol muy importante, que es una forma de especialización. Cada una cumple un rol muy importante”, alegó. “Pero estamos invitando al premier para que explique los motivos”, expresó en RPP.
El parlamentario apuntó a que lejos de la fusión para crear a la llamada Superintendencia Nacional de Servicios Públicos (Sunaserp), lo que el Gobierno debe buscar es fortalecer a estos cuatro reguladores de servicios públicos.
“De hecho que hay falencias, es natural; pero hay que fortalecer las instituciones. Yo creo que no sería conveniente, porque se puede mejorar”, sostuvo.
Este proyecto del Poder Ejecutivo descansa en la Comisión de Constitución y Reglamento, la misma que deberá debatirlo y emitir un dictamen a favor o en contra.
Representantes de organismos reguladores elevan queja
Según reveló el periodista Paolo Benza, los presidentes de estos organismos han elevado una carta al premier Adrianzen en donde le manifiestan su postura en contra a la intención de la PCM de fusionar Ositran, Osiptel, Osinergmin y Sunass en un solo ‘Regulador Multisectorial’.
“Debemos expresar nuestra enorme preocupación por la manifestada intención de fusionar a los cuatro Organismos Reguladores en un solo Organismo Regulador Multisectorial, debido a que se trata de una medida que, lejos de fortalecer, simplificar o mejorar la eficiencia en la regulación de los servicios públicos en el país, supone un retroceso en el logro de dichos objetivos, pues la concentración de actividades respecto de sectores económicos tan disímiles, conllevaría a diluir todas los beneficios y eficiencias ganadas por el modelo actual basado en la especialización de los reguladores, y en especial afecta a los usuarios de los servicios públicos de los sectores involucrados”, se lee en el documento.
Sostienen que una intervención como la que se plantea en la propuesta, significaría la ruptura del marco institucional de la autonomía de los organismos reguladores incrementándose la politización y corrupción en las decisiones de política regulatoria de los servicios públicos en general, más aún en un entorno como el nuestro donde el contexto político es volátil.
“Es decir, se incrementa el riesgo de captura política, lo cual afecta únicamente a la ciudadanía, al desarrollo de los mercados y a la inversión privada”, refirió.
Además, señalan que este cambio tendrá un impacto significativo en la inversión privada, pues implica un cambio sustancial en el modelo regulatorio peruano que ha acompañado el desarrollo económico del Perú en los últimos 30 años, e implica una clara afectación a la autonomía que deben mantener dichos Organismos Reguladores, ambos aspectos de suma importancia que son analizados por los agentes económicos antes de realizar una inversión en el país.
